Es el momento de iniciar, desde el Senado de la República, un debate nacional sobre los privilegios de las cúpulas del poder económico y político en México, para revisar por qué los asalariados, los profesionistas y pequeños y medianos industriales pagan hasta mil 500 por ciento más impuesto sobre la renta que los grandes empresarios y banqueros del país, sostuvo ayer Andrés Manuel López Obrador, luego de llamar a la unidad de las organizaciones para que se derogue el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

En la asamblea del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular que encabezó ayer frente al Senado, López Obrador pidió a los legisladores del Frente Amplio Progresista que desechen la falsa afirmación de que no hay de otra y que tienen que aprobar el paquete fiscal. Instó a los senadores a actuar en consecuencia, como hicieron los diputados de esta corriente cuando se opusieron a la cascada de incrementos a los impuestos.

A las organizaciones sociales, sindicales y políticas las exhortó a mantener la resistencia civil pacífica contra el aumento de impuestos y movilizarse contra la ilegal e injusta decisión de Felipe Calderón de quitarles su empleo a más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Acompañado en el templete por legisladores y políticos, López Obrador dijo que es todo un espectáculo observar cómo diputados de PAN y PRI aprueban aumentos de impuestos, cuando hasta hace unos meses, en sus campañas políticas, de manera cínica prometían a sus electores lo contrario.

Las cámaras de Diputados y de Senadores están convertidas en un mercado de intereses y componendas, sostuvo el ex candidato presidencial. Agregó que es inconcebible que en plena crisis, cuando el país se está hundiendo, para mantener los privilegios de la alta burocracia y de los potentados se decida exprimir aún más al pueblo con una carga tributaria injusta, y a la vez se determine endeudar a la nación.

En el acto, en el que estuvieron, entre otros, Alejandro Encinas, Claudia Sheinbaum, José Agustín Ortíz Pinchetti, legisladores como Laura Itzel Castillo y Alejandro González Alcocer, el secretario del exterior del SME, Fernando Amezcua, y personalidades como Isela Vega y Jorge Arvizu, El Tata –quien propuso que ahora LFC se denomine Luz y Fuerza del Pueblo–, López Obrador expuso que es una pena ver a Calderón hecho un guiñapo, obedeciendo fielmente a una camarilla en el poder, escucharlo decir que quiere ayudar a los pobres aumentando impuestos. Da pena ajena cada vez que abre la boca.

Recordó que el 13 de octubre se presentaron en ambas cámaras dos proyectos de decreto para enfrentar la crisis de las finanzas públicas sin aumentar impuestos, combustibles ni endeudar al país, las cuales se basan fundamentalmente en aprobar una ley de austeridad republicana para recortar el gasto corriente del gobierno y eliminar los privilegios fiscales a la oligarquía, por lo que planteó a los legisladores que promuevan estas iniciativas antes de que se vote la Ley de Ingresos.

Postura insultante

Respecto del conflicto en el SME, comentó que resulta insultante que el pelele de Calderón diga que no tiene problemas de conciencia por haber mandado a todos los trabajadores del SME al desempleo, lo que refleja que no tiene conciencia ni sentimientos sobre lo que significa el sufrimiento de las miles de familias afectadas, lo que significan las lágrimas y el dolor de las trabajadoras que fueron echadas a la calle.

La defensa del SME es la defensa de los derechos del pueblo. Es defender las conquistas de todos los trabajadores y campesinos, de los estudiantes y de los sectores más pobres del país. Si no hacemos nada por ellos, la oligarquía no se detendrá, con soberbia y autoritarismo irá por más y contra todos, advirtió López Obrador, mientras en la explanada se coreaba ¡Aquí se ve la fuerza del SME! y todos los asistentes levantaban el puño.

En esta asamblea, al senador Ricardo Monreal le tocó definir lo que le espera al país si se aprueba el paquete fiscal. Sostuvo que quienes ganen hasta 6 mil pesos mensuales pagarán 8 por ciento adicional de impuestos; casi 20 mil pequeñas y medianas empresas cerrarán; otros 500 mil empleos desaparecerán; la canasta básica se encarecerá 30 por ciento. En tanto, los 50 grandes contribuyentes del país pagarán el equivalente a 74 pesos anuales, como hicieron el año pasado.