lo que puede verse, la pretendida reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo federal, aprobada en lo sustancial en la Cámara de Diputados y rechazada posteriormente en la de Senadores, ha desembocado en un estira y afloja en el que las distintas fuerzas políticas han buscado obtener dividendos de imagen, electorales y presupuestales.

El gobierno omitió, en la elaboración de su propuesta, el interés nacional, y se concentró en buscar beneficios para una pequeña élite mediático-empresarial, en detrimento de la mayor parte de la población, a la que se pretendía hacer cargar con lo sustancial de la recaudación y con la parte principal del ajuste de las finanzas públicas. Por su parte, las bancadas partidistas en San Lázaro y en la casona de Xicoténcatl tampoco han tenido en cuenta la necesidad de instaurar –de cara a la crisis y a los desastres sociales previos a ésta, causados por más de dos décadas de neoliberalismo– una política fiscal coherente, capaz de inducir una reactivación de la economía y de corregir algunas de las deformaciones sociales más exasperantes y peligrosas provocadas por el modelo aún vigente.

Lejos de ello, los legisladores –los priístas, en primer lugar– han buscado eludir los costos políticos de las medidas más agraviantes propuestas por el Ejecutivo federal y, al mismo tiempo, obtener ventajas para los gobernadores emanados del Revolucionario Institucional. Movidos por esos afanes, los priístas han experimentado incluso fuertes disensos internos, los cuales dificultan aún más la adopción de disposiciones fiscales lúcidas, justas y eficaces. El resto de los partidos siguen esa misma lógica, en tanto que los legisladores panistas asisten a la bancarrota de la iniciativa gubernamental con la esperanza de salvar de ella los puntos que sea posible.

Como producto colateral de este deprimente escenario político, en el Senado de la República ha sido posible revertir algunos aspectos recesivos de la propuesta gubernamental de Ley de Ingresos, como el pretendido impuesto a las telecomunicaciones, que fue desechado por una alianza entre los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. En cambio, en los debates legislativos han brillado por su ausencia los principales reclamos de la población en torno a la estrategia impositiva: la adopción de una política fiscal justa y equitativa que elimine los privilegios y los regímenes de excepción de que gozan un puñado de grandes empresas y potentados, así como la aplicación de una verdadera política de austeridad y transparencia en el Ejecutivo federal y en el resto de los ámbitos estatales.

En estas circunstancias, y habida cuenta del escaso margen de tiempo para la promulgación de la nueva Ley de Ingresos, es claro que el país tendrá en breve una nueva miscelánea fiscal desprovista de algunas de sus disposiciones originales más irritantes y absurdas, pero del todo inadecuada para reactivar la economía, para racionalizar el desmesurado e injustificable gasto público y para empezar a revertir la catástrofe social causada por el neoliberalismo aún vigente. La visión oligárquica y antipopular con que el gobierno federal concibió su iniciativa legal, sumada al oportunismo y la falta de visión de Estado de los legisladores, llevarán al país a otro año perdido en materia de crecimiento, de empleo y de combate a la corrupción, la desigualdad y la pobreza.