En México los avances en transparencia y acceso a la información han comenzado a provocar resistencias, rechazos e incluso intentos regresivos, destacó Jacqueline Peschard Mariscal, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Durante la inauguración de la sexta Semana Nacional de Transparencia, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, precisó que después de la reforma al artículo sexto constitucional –que garantiza el acceso a la información–, en algunas entidades federativas hemos sido testigos de retrocesos: se han aprobado modificaciones a las leyes de transparencia que constriñen el ejercicio de ese derecho.

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial; los relatores especiales de las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA), expertos del continente y México, refirió que la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, aprobada por el Senado, prácticamente canceló la posibilidad de conocer la actuación del Ministerio Público Federal una vez concluidas las averiguaciones.

Indicó que el tema es por demás relevante si tomamos en cuenta que en México más de 90 por ciento de los delitos quedan impunes, y una de las principales causas es la inadecuada integración de las averiguaciones previas.

Ante consejeros de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Brasil, Perú y otros países de la región, Peschard estimó que pese a los intentos por regresar a prácticas del pasado, en México se ha impuesto una ruta sin retorno, que se expresa en la reforma al artículo sexto constitucional, aprobada en 2007.

En representación del presidente Felipe Calderón, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega, señaló que el rezago en el proceso de armonización de la contabilidad gubernamental y los desafíos organizacionales, son retos a los que deben responder los funcionarios para la transparencia y rendición de cuentas.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, indicó que la transparencia exige un esfuerzo de los órganos gubernamentales para dar a conocer las políticas públicas y explicar las normas: el poder de la información judicial es y debe ser un patrimonio público.

Los relatores especiales de la ONU, Frank la Rue, y la OEA, Catalina Botero, coincidieron en que la seguridad nacional no debe ser pretexto para que los gobiernos oculten información. La información que se clasifique como reservada por cuestiones de seguridad de Estado debe tener carácter temporal, dijeron.

Botero destacó que las reservas de información deben ser absolutamente excepcionales en las naciones democráticas.

La Rue planteó que la seguridad nacional de cualquier país se fortalece cuando el modelo democrático y la participación ciudadana se fortalecen. El acceso  público a la información es un derecho civil y político estrechamente vinculado con los derechos humanos.

En entrevista, Botero y La Rue coincidieron en que en materia de situación patrimonial de los servidores públicos debe existir espacio para su privacidad. Sin embargo, todo lo que obtengan del erario, incluyendo bienes patrimoniales, sueldo, prestaciones y otros, así como su desempeño, debe someterse a escrutinio público.

En el primer panel, denominado La historia de la transparencia en Las Américas, Pedro Salazar, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, planteó la necesidad de que tanto el IFAI como los institutos de los estados ejerzan sus decisiones con autonomía institucional y política, de manera que puedan realizar la misión que les corresponde de colocarse del lado de la ciudadanía.