La fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó al pleno de los legisladores un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el cual se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a intervenir contra las prácticas fraudulentas en materia laboral y fiscal que impone la trasnacional The Coca Cola Company a través sus filiales en México.

La multinacional subcontrata a empresas de outsourcing –tercerizaciones– para escamotear derechos a los trabajadores, como el reparto de utilidades, evadir al fisco y evitar el pago de cuotas al IMSS.

En la propuesta se señala que la práctica de tercerizar permite a los grandes corporativos trasladar sus trabajadores a empresas que no generan plusvalía y producción, y al no reportar ganancias automáticamente evaden lo dispuesto en el artículo 123 constitucional relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades.

Tan sólo en 2007 The Coca Cola Export Corporation sucursal México obtuvo utilidades de alrededor de 700 millones de dólares, por lo que conforme a la Ley Federal del Trabajo se debió repartir a los trabajadores 70 millones de dólares, lo cual no ocurrió debido, precisamente, a la contratación vía outsourcing, que permite a una empresa denominada Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia (controlada por Coca Cola y que no reporta utilidades) ostentarse como patrón.

Este esquema de intermediación laboral y de servicios permite a Coca Cola burlar no sólo su responsabilidad con sus trabajadores, sino da pie a evasiones al fisco y al Instituto Mexicano del Seguro Social. El PRD denuncia que las autoridades se han mostrado omisas al respecto.

“Pese a las declaraciones de condena del secretario del Trabajo (Javier Lozano) a las prácticas de outsourcing, para lo cual firmó un convenio con el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y la Profedet, a la fecha no ha hecho nada para poner fin al fraude laboral en que incurre Coca Cola en el país”.

Por ello se solicita a la STPS detener la práctica referida y obligar a The Coca Cola Export Corporation a no delegar en terceros sus responsabilidades como patrón. El punto de acuerdo exhorta a la JFCA a velar porque el juicio entre Coca Cola y Ángel Alvarado Agüero –alto directivo de la empresa despedido tras 16 años de servicio por denunciar el outsourcing– se desarrolle apegado a derecho.