Guadalajara, Jal., 4 de noviembre. El gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, solicitó al Congreso local que autorice la desaparición del Consejo General del Poder Judicial del Estado (PJE) y que sus atribuciones de transparencia y fiscalización le sean devueltas al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Celso Rodríguez González, a quien el Ejecutivo estatal apoyó abiertamente para que se religiera el año pasado.

Cuatro de los cinco integrantes del consejo respondieron que su nombramiento vence en 2012 y advirtieron que, de prosperar la iniciativa, presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ampararán. Acusaron al Ejecutivo de pretender invadir su competencia y quebrantar la división de poderes para controlar ese organismo.

La solicitud de González Márquez está contenida en el proyecto de presupuesto de egresos 2010 enviado el viernes anterior al Congreso local, en el cual el Ejecutivo argumenta que la medida busca ahorro presupuestal y se debe al bajo rendimiento del PJE.

El presupuesto para el consejo ronda 400 millones de pesos y los sueldos mensuales de cada uno de los cinco consejeros superan 157 mil pesos, se añade en la exposición de motivos.

En mi apreciación (el Consejo) no ha cumplido su misión; mi visión es que debe desaparecer el Consejo General del Poder Judicial, que el pueblo de Jalisco debe ahorrarse ese dinero y que estas facultades deben regresar a quien hace cabeza en el Poder Judicial, que es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, explicó González Márquez en esta parte de su plan de austeridad.

También señala que busca devolver al STJE atribuciones como la administración de sus recursos humanos, financieros y materiales.

El panista propone que se devuelva al Ejecutivo la facultad de proponer magistrados al Poder Judicial. La Constitución local otorga facultades al Consejo de la Judicatura del Estado (o consejo general) para proponer magistrados, los cuales son votados por el Congreso local.

El Consejo de la Judicatura fue creado en 1997, a iniciativa del entonces gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, e impulsado por su secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien ahora, cuando se pretende liquidarlo, ocupa el mismo puesto.

El objetivo de crear este órgano de control era deshacerse de los magistrados que venían de la época priísta, pero el resultado fue contrario, ya que éstos promovieron un amparo y permanecen hasta hoy.

La consejera Gabriela de León exhortó hoy al gobernador a que saque las manos del Poder Judicial. Le recordamos que en México se acabaron los tiempos en que el Ejecutivo controlaba la función jurisdiccional.

De León, Miguel Gutiérrez Barba, Luis Villanueva y Cristina Castillo Gutiérrez, señalaron que el presidente del STJE, Celso Rodríguez González, es un fiel aliado político de González Márquez. Gutiérrez Barba dijo que el funcionario hace todo lo posible para que no se lleven a cabo las acciones del consejo.

Los cuatro ratificaron hoy en la oficialía de partes del Congreso del estado la demanda de juicio político que presentaron el mes pasado contra Rodríguez González.