El grupo de trabajo de la Cámara de Diputados creado para analizar la viabilidad de la acción jurídica contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) determinó presentar ante el pleno los argumentos jurídicos en favor y en contra de interponer una controversia constitucional.

El martes próximo los legisladores decidirán el futuro de la acción legal contra el decreto porque en el seno del grupo de trabajo no se llegó a un acuerdo que diera por fruto un dictamen en favor o en contra.

De tal forma, se solicitará a la Junta de Coordinación Política que las dos posiciones que se manifestaron en el grupo de trabajo se expongan ante los 500 representantes populares, quienes determinarán si la dirección jurídica de la Cámara de Diputados elabora el proyecto de controversia o definitivamente lo desecha.

Los diputados han recibido desde hace dos semanas del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de profesionistas en lo particular y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la información suficiente para elaborar la controversia.

Sobre el particular, Alfonso Navarrete Prida, presidente del grupo de trabajo, presentó la propuesta para que ante el pleno camaral se exponga una relatoría en torno a los trabajos realizados durante las cinco reuniones celebradas, sobre todo de los argumentos que cada uno de los integrantes, en pro y en contra, dio a conocer para dar forma o desechar la controversia.

Llevar ante el pleno de los diputados la votación se contempla en la Ley Orgánica del Congreso. Además, Juan Alberto Galván Trejo, director general de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados, anunció que el plazo para interponer la controversia se agotará el 24 de noviembre.

Navarrete Prida argumentó que a pesar del corto tiempo de análisis desempeñado en cinco sesiones de trabajo, se logró escuchar a distintos grupos de especialistas y se trabajó con argumentos y posiciones sólidas para que el pleno tome una decisión acertada.

“Hay argumentos de derecho. Existe un artículo transitorio de una ley que ordenaba la creación de un organismo público. En este sentido, hay quienes piensan que esta disposición hacía que la vida jurídica del organismo dependiera del Congreso de la Unión.

Pero también hay quienes argumentan que el Ejecutivo federal tiene plenas facultades jurídicas para crear y extinguir organismos públicos.