Evasión de impuestos, adeudos en el pago de predial y servicio de agua potable son algunas de las irregularidades que se han detectado en el Hospital Central de Oriente, donde presuntamente se traficaba con menores de edad, y que opera desde hace 37 años, aunque en primera instancia como inmobiliaria, pues fue hasta 2002 que su propietario, Víctor Manuel Mancera González, lo constituyó como clínica, en sociedad con su esposa e hijos, según consta en los archivos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal (RPPCDF).

En tanto, fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informaron que Gilberto Martínez de la Rosa fue identificado como el intermediario entre los médicos y los posibles compradores de niños, quien cuenta con antecedentes penales por asociación delictuosa y trata de personas, además de que se investiga un salón de fiestas, también propiedad de Mancera González, localizado cerca del nosocomio.

Poco antes de que se descubriera la sustracción y venta de menores en la que presuntamente participaba el dueño del hospital y cuatro de sus empleados, el gobierno capitalino estuvo a punto de embargar dicho inmueble, ya que debe cinco millones 473 mil 956 pesos por servicio de agua potable desde 2003, razón por la cual el Sistema de Aguas de la Ciudad había solicitado a la Consejería Jurídica información sobre el predio.

También existe un adeudo de 246 mil 126 pesos de predial, además de que, según se establece en la constancia del RPPCDF con el folio 9160738, el 18 de agosto de 1998, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó un embargo por falta de pago de impuestos por 380 mil pesos, mismo que fue cancelado ocho meses después una vez que se finiquitó el débito.

El 17 de abril de 1972, Mancera González registró el edificio de cinco pisos, ubicado en la colonia Valentín Gómez Farías, con la denominación Inmobiliaria Médica Zaragoza, Sociedad Anónima, con un capital de 4 millones de viejos pesos, y la participación de tres accionistas, además de él: Fernando Carrillo Fuentes, Héctor Marcelo Martínez Acusutla y Miguel Chavelas Orbe.

El Hospital Central de Oriente tenía cerca de 20 años de funcionamiento, por lo que se teme que existan más casos de venta de niñosFoto Alfredo Domínguez

Dicha empresa se dedicaba, según la constancia del RPPCDF con folio 9025471, al ramo de la construcción, adquisición de bienes raíces y administración de sanatorios, hospitales y clínicas, y tenía como administrador único a Víctor Manuel Mancera.

Sin embargo, el 4 de septiembre de 2002 decidió cambiar la denominación del inmueble a Hospital Central de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el objeto de prestar toda clase de servicios médicos, establecer funciones de hospital de especialidades, entre otras funciones, por sí o a través de personas físicas y morales, nacionales o extranjeras.

En esta ocasión, los accionistas eran sus tres hijos, Víctor Manuel, Alejandro y Leticia Mancera Reyes, mientras que su esposa, Gregoria Reyes Ortega, aparece como comisaria y el propietario del inmueble de nueva cuenta es el administrador único.

Según la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se presume que el hospital opera desde hace 20 años, por lo que no se descarta que desde antes de establecerse como clínica en ese lugar se ofrecían servicios médicos, además de la práctica de abortos ilegales.

En tanto, la consejera jurídica, Leticia Bonifaz, señaló que el juicio de extinción de dominio comenzará el próximo lunes y también incluirá otro edificio, ubicado en el número 9 de la calle 35, muy cerca del nosocomio y también propiedad de Mancera González, y donde se presume se realizaban abortos clandestinos y se atendía a personas heridas por arma de fuego sin dar aviso a las autoridades.

La funcionaria dijo que en este caso el procedimiento será rápido, ya que los inmuebles no están a nombres de terceras personas, sino del presunto responsable de los delitos de tráfico de menores, falsificación de documentos y delincuencia organizada.