sí ha sido calificada por amplios y diversos sectores la designación que hizo el pasado jueves el Senado del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Con ello se verificaron los temores de que no se iba a tratar de una decisión de Estado, como correspondía a las expectativas de la sociedad, y al momento crítico que en materia de derechos humanos estamos viviendo en el país, sino una vez más de un acuerdo político entre los dos partidos mayoritarios en él representados. Ya la semana pasada, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, su presidenta había advertido sobre estos malos presagios, al señalar que era legítimo que todos los senadores evaluaran el desempeño de todos los candidatos, así como sus trayectorias y proposiciones, e incluso que tales evaluaciones fueran consideradas por cada grupo parlamentario por separado, pero que no era admisible con la naturaleza de esa designación que algunos grupos acordaran por anticipado votar en bloque de determinada forma, pues con ello se hacía a un lado y se intercambiaba, sin asomo de respeto, la valoración sobre el estado de los derechos humanos en México, por cálculos políticos y repartos de cuotas.

Había también insistido en que el principal riesgo ante la sucesión en la CNDH era que se impusiera una visión de continuismo político en el desempeño de esa institución de Estado, y hecho notar que había sido evidente durante las comparecencias de los candidatos que entre los senadores y las senadoras hubo con frecuencia expresiones críticas a este respecto. “En las intervenciones de las senadoras y los senadores se insistió justamente en advertir acerca de las candidaturas que representan (y garantizan) ser una continuidad de las formas y expresiones del doctor Soberanes –afirmó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado doña Rosario Ibarra de Piedra–, y por cierto los comparecientes de ese grupo (entre ellos quien resultó designado) no pudieron deslindarse más que con el ‘subjetivo y obvio’ argumento de que cada quien tendrá un ‘estilo personal’, o representar una ‘diferencia generacional’, sin ir al fondo del problema: un criterio central para definir el perfil del nuevo presidente de la CNDH”.

En el mismo sentido se había pronunciado el pasado miércoles el Grupo Relevos 2009, formado por varias organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de monitorear e incidir en el proceso de renovación de los titulares y consejeros de los organismos públicos de derechos humanos, que advirtió que había riesgos de que la elección del presidente de la CNDH se basara más en acuerdos y criterios políticos que en los perfiles idóneos. Tal parece que esto fue lo que en definitiva aconteció el jueves, pues como informó ayer viernes La Jornada, concluida la votación, varios senadores del PAN revelaron que hubo un cambio de señales de última hora, toda vez que por la mañana su coordinador les notificó que el candidato para presidir la CNDH era Plascencia Villanueva. A lo que enseguida se allanaron todos los senadores del PRI (cfr., p. 14).

Con ello no se cumplió con la exigencia que el Grupo Relevos, haciendo eco de los reclamos de la ciudadanía, formuló a las senadoras y los senadores, de demostrar que la designación del titular de la CNDH era un asunto de Estado, aislado de negociaciones de carácter partidario, y que el perfil que eligiera garantizara una gestión proactiva, cercana a las diferentes expresiones de la sociedad, eficiente en su gasto y con una autoridad moral sólida, para hacer frente a los retos que en materia de derechos humanos se tienen ahora en el país.

Al optar por la continuidad de un modelo de institución que no dio respuesta satisfactoria a la grave situación de violaciones a las garantías individuales en México, el Senado da la espalda a la sociedad y le niega la oportunidad de transformar la CNDH en un organismo independiente, autónomo, eficaz y oportuno. Y como expresó la semana pasada también Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste AC, con sede en Mexicali, en la designación no sólo estaba en juego la fortaleza y autoridad moral que requiere un ombudsman, sino también romper con la partidocracia y que la CNDH defienda eficiente y oportunamente, en consecuencia con su mandato, la dignidad de las personas, de las víctimas de los delitos y los abusos de los servidores públicos, así como los derechos de los sectores vulnerables, que cada vez son más en México. Asimismo, que vele por el cumplimiento en derechos humanos de los compromisos contraído a escala internacional, su reconocimiento y exigibilidad a nivel constitucional y legal, los derechos de las mujeres, los indígenas y de la diversidad sexual.

Finalmente, pero no menos importante, que haga valer con eficacia los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; sepa acotar con la ley en la mano la intromisión de las fuerzas armadas en tareas de prevención y persecución de delitos, frenando la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, el arraigo y otros graves delitos que se cometen en aras de una dudosa guerra contra la delincuencia organizada, que ya ha costado al país más de 14 mil muertes violentas en lo que va del sexenio.