El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunció la existencia y preparación de grupos militares y paramilitares que buscan infiltrarse en la organización para provocar actos violentos.

Humberto Montes de Oca, secretario del interior, y Fernando Amezcua, vocero del SME, adjudicaron los roces ocurridos la víspera (en instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en Hidalgo) a los provocadores del gobierno e inclusive a algunos ajenos a éste. Lo anterior, en referencia a los electricistas disidentes encabezados por Alejandro Muñoz, opositores a Martín Esparza.

En consecuencia, el sindicato se deslindó de cualquier choque con la Policía Federal porque, afirmó, los acuerdos del SME y los tomados por un grupo de organizaciones solidarias son en torno de la resistencia civil pacífica.

Si bien anunciaron que reforzarán sus movilizaciones, particularmente el próximo miércoles, día en que está programado un paro cívico nacional, la defensa de los electricistas será por la vía jurídica.

Denunciaron: “resulta sospechoso que estén reforzando a los militares y a los policías con chalecos antibalas. Esas acciones normalmente ocurren para equipar a gente paramilitar, de choque, del propio Ejército.

Advertimos que el gobierno federal tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo. Lo hace para reforzar no sólo a los que están vestidos de policías federales, militares o paramilitares. Tratan de incrustar a civiles en nuestras filas en el momento en que estamos haciendo actividades, advirtió Amezcua.

Por un lado, interpusieron ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje demandas por despido injustificado mientras está en curso un amparo contra el decreto presidencial de extinción de LFC.

Subrayaron que no hay ninguna estrategia para impedir que los trabajadores que así lo deseen cobren su liquidación, aunque reiteraron que las promesas gubernamentales son sólo un anzuelo, porque la mayoría de éstas son pagaderas hasta abril del año próximo.

No hay plan para tomar instalaciones

Mucho menos, agregaron, existe plan alguno para entrar por la fuerza a instalaciones de LFC, resguardadas por la Policía Federal. La lucha es pacífica y no pretendemos confrontarnos ni con los uniformados ni con la ciudadanía. Estamos actuando dentro del marco legal y no somos aventureros, señalaron.

El SME continuó ayer con la organización del paro cívico que se efectuará el 11 de noviembre. Para ello se reúne con representantes de grupos solidarios que definirán, cada uno, sus acciones de apoyo.

Jesús Martín del Campo y Ricardo Ruiz, integrantes de la comisión de enlace del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular –encabezado por Andrés Manuel López Obrador– con el SME, explicaron que las actividades centrales para el miércoles próximo serán de información y brigadeo.

Ayer, Jesusa Rodríguez hizo referencia a estar en 10 dependencias federales. Esa, como otras propuestas, fueron puestas a consideración del SME. Como movimiento seremos un factor de solidaridad y acompañamiento respecto de la estrategia que defina el sindicato la semana entrante. Participaremos sólo en acciones pacíficas y se cuidará que no haya confrontación con los ciudadanos, subrayó Martín del Campo.

En tanto, Montes de Oca recordó que en el documento de preparación de extinción de LFC el gobierno consideraba que en la primera semana después del golpe el SME se iría a los disturbios sociales y al sabotaje. Pues se decepcionaron, dijo, porque no caímos ni caeremos en ese juego.

Respecto de las críticas que han recibido de su opositor Muñoz y del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, de que es una aventura e irresponsabilidad llevar a los trabajadores despedidos de LFC a un litigio largo en los juzgados y tribunales, destacaron: no sabemos si Muñoz es vocero de Lozano y Gómez Mont, o al revés.

Sobre las aseveraciones del funcionario, afirmaron que con ello sólo denigra al Poder Judicial, con actitudes de aprendiz de Díaz Ordaz.