La Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que efectivos del Ejército han incurrido en actos de tortura contra agentes municipales y la población civil de Tijuana, Baja California.

Durante una audiencia pública en la sede del organismo continental, representantes del gobierno federal y de la ONG expusieron sus argumentos sobre estos hechos.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH, informó en entrevista que durante los operativos contra la delincuencia organizada en Tijuana se han presentado detenciones masivas y arbitrarias de policías y civiles, así como arraigos hasta por 80 días y torturas, lo cual no es investigado por ninguna autoridad.

Durante la audiencia –a la que acudieron en representación del Estado mexicano integrantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública federal– la organización civil solicitó a la CIDH emitir medidas cautelares en favor de los policías torturados y sus familias. También pidió que el relator para personas privadas de la libertad del organismo internacional visite México para corroborar la situación de los arraigados.

Los abogados de la CMDPDH expusieron ante la CIDH que en abril pasado 25 policías municipales fueron arraigados y torturados durante 40 días por elementos castrenses del 28 batallón militar. Los agentes fueron acusados de delitos relacionados con el narcotráfico; sin embargo, se advirtió que bajo amenaza se les obligó a firmar declaraciones en blanco.

La información presentada denuncia que policías tijuanenses fueron vendados, amarrados de pies y manos durante días, golpeados, sometidos a choques eléctricos en varias partes del cuerpo y les colocaron bolsas de plástico para ahogarlos; además, algunos de los 25 agentes fueron privados de alimentos hasta por tres días.

El director de la CMDPDH refirió adicionalmente que la comisión estatal de derechos humanos de Baja California inhibió denunciar estos hechos, por lo que las víctimas tuvieron que acudir a instancias internacionales.

Gutiérrez confió en que tras la audiencia la CIDH le recuerde al Estado mexicano que existen límites en las estrategias de seguridad pública.

Indígena preso injustamente

Durante las audiencias, se presentaron otros casos de violaciones a garantías individuales en el país. Como el de Ricardo Ucán Seca, indígena maya preso en Tekax, Yucatán, condenado a 22 años de prisión por privar de la vida a un hombre en legítima defensa.

Los ponentes recordaron que las autoridades estatales le negaron el derecho a un juicio justo debido a que no se le proporcionó un intérprete traductor, no hubo una defensa adecuada y fue discriminado por ser indígena, por lo que no se tomó en cuenta su testimonio para demostrar que actuó en legítima defensa.

Luego de las audiencias, los denunciantes esperarán el fallo de la CIDH, el cual se emitirá después de seis meses de las comparecencias.