Diego Valadés, constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseveró que las posiciones de fanatismo que han llevado a promulgar reformas constitucionales en 17 estados en materia de interrupción del embarazo, en nueve de las cuales y una más en ciernes se considera al producto de la concepción como nacido para todos los efectos legales, no tienen parangón en el globo terráqueo porque en esas entidades se tendrán las sanciones más monstruosas que se hayan aplicado jamás a mujer alguna en la historia por un aborto.

Señaló que ante esta ofensiva conservadora, el Gobierno del Distrito Federal debe dar una muestra de respaldo a las mujeres rechazadas en esos estados y acogerlas en clínicas de solidaridad nacional.

Al participar en la presentación del libro Constitucionalidad de la ley sobre aborto en la ciudad de México, dijo que los legisladores que “han perpetrado semejante atraco a la libertad, saben que todo es de mentiritas, porque las leyes que aprueban no se aplican; son sólo para quedar bien, en este caso, con la curia”, comentó.

Nadie en su sano juicio está pensando en encarcelar por 50 años a las mujeres que interrumpan el embarazo, y digo 50 años porque se darían todos los agravantes legales (ventaja, premeditación y traición), añadió al censurar las reformas aprobadas en esas 17 entidades gobernadas por PAN y PRI.

Los legisladores que aprobaron estas reformas responden a un proyecto político y no jurídico, señaló, luego de advertir que los argumentos que presentó el ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes, en la controversia constitucional que promovió ante la Suprema Corte de Justicia contra las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que despenalizaron el aborto en el DF, se reproducen en los considerandos de las iniciativas planteadas en esas entidades.

Comentó que si en la historia de México se hubiera preferido preservar la vida, no habría habido Independencia, Reforma ni Revolución; estaríamos en los inicios de la vida social más precaria posible, aseveró.

Ante este retroceso convocó a la defensa del Estado laico y a lograr tres reformas constitucionales. La primera de ellas al artículo cuarto, para que se considere el derecho a la libertad sexual y reproductiva.

La segunda, al artículo 24, para que al lado de la libertad religiosa se incorpore el derecho a la libertad filosófica, y finalmente al artículo 40 para que donde se define que México es una república federal, democrática y representativa, también diga laica.

En su oportunidad Rosaura Ruiz, presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia, aseveró que antes de la aprobación de la ley que despenalizó la interrupción del embarazo su práctica clandestina constituía la quinta causa de mortandad femenina en el DF.

La ley antiaborto en esos 17 estados se ha dado sin discusión, a pesar de que en entidades como Jalisco se trata de propuestas radicales, y de que en varios de esos estados se ha determinado que ni siquiera la agresión sexual, la malformación o el riesgo para la madre sean causa que permitan la práctica del aborto, señaló.

La seriedad de esta controversia no radica sólo en las diferentes ideologías partidistas, sino en que el país sufre las consecuencias del aborto clandestino. La Comisión Nacional de Bioética estima que se practican anualmente un millón de abortos clandestinos en México, apuntó.