Tegucigalpa, 11 de noviembre. Los brigadistas se instalan de mañana en un crucero, con un toldo, carteles, pegotes y las banderas rojiblancas del Partido Liberal. Es la primera vez que este reportero ve una acción de campaña así, pese a que las campañas ya llevan meses y que hay candidatos desde hace un año. Los jóvenes enviados de Elvin Santos agitan sus banderas al paso de los vehículos, regalan calcomanías que casi nadie les agarra y de las bocinas salen las cancioncitas de la campaña: poca sustancia y ritmos fusilados (votar y votar, en vez de llorar, al ritmo de El Rey).

Los únicos personajes extraños en la escena son cuatro soldados hondureños que, con uniformes de combate y armas largas, cuidan a los brigadistas desde una de las esquinas. No vaya a ser que se le ocurre a la resistencia aparecerse por aquí.

Las fuerzas armadas hondureñas vienen preparándose para defender nuestra democracia desde hace un buen rato. Este miércoles, un alto mando militar y su equivalente de la Policía Nacional comparecen en un programa de televisión para amenazar a la resistencia, que ha anunciado que desconocerá de manera activa los comicios y sus resultados.

Creo que el orden y el desorden dependen de la organización, nosotros estamos bien organizados, estamos bien coordinados con la Policía Nacional. Y sobre todo estamos dispuestos a defender la democracia. Por lo tanto, todos aquellos que atenten contra la democracia van a tener lo que les corresponde, dice el organizado coronel Saúl Orlando Coca.

Durante casi dos horas, Coca y el comisionado de policía Danilo Orellana aseguran que brindarán a los electores toda la seguridad que ahora no brindan a la población, azotada por una oleada de violencia, lo que ya es decir en un país con la tasa de homicidios más alta de Centroamérica e incluso superior a la de Colombia.

No hay duda que se va a reaccionar, por lo tanto los ciudadanos no deben temer salir a sufragar, continúa Coca.

Para el gobierno de facto, ya todo son las elecciones, a poco más de dos semanas de distancia. Tan es así que el reciente enviado de Estados Unidos, Craig Kelly, se fue sin que nadie le hiciera caso sobre la necesidad de reinstalar la mesa de negociación. Es más, para despedirlo, la Corte Suprema postergó hasta la próxima semana su opinión, que le ha solicitado el Congreso, sobre la restitución del presidente Manuel Zelaya.

Nombres y teléfonos de quienes llevan intranquilidad

Las previsiones de los militares incluyen convertir a las autoridades civiles en informantes y delatores de sus servicios de inteligencia. Una comunicación de fines del mes pasado a los alcaldes del departamento Francisco Morazán, ilustra sobre cómo entienden los militares hondureños la llamada defensa de la democracia.

Por medio de la presente me dirijo a tan distinguida personalidad, deseando que el Divino Creador del Universo lo colme de bendiciones a usted y su apreciable familia y que siga cosechando muchos éxitos como líder auténtico de su municipio, abre la carta, firmada el 22 de octubre por el capitán de comunicaciones Carlos Roberto Rivera Cardona.

Sigue el texto:

“El motivo de esta misiva es para solicitarle que nos apoye con lo que a continuación le detallo:

“Nombres y teléfonos de los líderes de su comunidad que conforman la Unidad Cívica Democrática y que se preocupan por trabajar a la par de la municipalidad por el bien de su gente.

“Líderes, nombres y teléfonos que conforman la resistencia y que le llevan intranquilidad a los proyectos de su comunidad

Señor alcalde, requerimos de esta información lo más pronto posible ya que los estaremos visitando muy pronto para estar cada día preparados para fortalecer nuestro sistema democrático.

Las fuerzas armadas pasaron al control del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 29 de octubre, en un ceremonioso acto muy difundido. Ciudadanos de uniforme, ¡defendamos nuestra democracia!, lanzó entonces el jefe de los uniformados, Romeo Vásquez, frente a la tropa. ¡Entendido, mi general!, le respondieron.

Al acto en un campo militar, asistieron el presidente de facto, Roberto Micheletti, y los candidatos presidenciales, así como las autoridades electorales. Hubo hasta mariachis en una ceremonia en la que Vásquez gozó de nuevo las mieles del micrófono, que tanto le gustan desde el golpe de Estado.

Afuera nos miran mal, pero dentro somos defensores de la democracia, decía a principios de julio el general Romeo Vásquez. Así lo dicen también pintas en las paredes de la ciudad: Romeo, héroe nacional.

Hay vicios electorales, admite el Tribunal Supremo Electoral

Vásquez, quien dirigió la captura del presidente Manuel Zelaya en su casa y decidió, con el resto de los mandos militares, echarlo del país centroamericano, ha informado que habrá 20 mil soldados y 14 mil policías a cargo de la seguridad de las elecciones.

Esa fuerza estará a cargo de la seguridad de 4.6 millones de hondureños convocados a las urnas, aunque tendría que ocurrir un milagro para que votaran más de 2.5 millones, debido a que los promedios históricos de abstención en el país rondan 50 por ciento.

Los que acudan a las urnas elegirán presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, unos 2 mil regidores y 128 diputados propietarios y suplentes.

Según las últimas encuestas, dice Nelson Avila, asesor del presidente Zelaya, “40 por ciento de los hondureños dice que no irá a las urnas, mientras 36 por ciento ‘no sabe o no contesta’”. De modo que los partidos, en opinión de Avila, se disputarán apenas una cuarta parte del electorado.

La pelea será entre los candidatos del Partido Liberal, Elvin Santos, y Porfirio Pepe Lobo, del Partido Nacional. Ambos cuentan con maquinarias electorales bien aceitadas y con una vieja historia de fraudes y triquiñuelas que se remonta a las primeras décadas del siglo pasado.

Algo ha cambiado, por supuesto, ya que el TSE recibe –recibía, porque con el golpe de Estado finalizó la cooperación– asesoría y recursos de organismos internacionales y de otros países. Pero no tanto como para decir que las viejas prácticas de liberales y cachurecos (les dicen así porque sus reuniones eran convocadas con un cacho o cuerno de toro) ya han desaparecido.

Desde principios de la semana han menudeado denuncias normales en tiempos comiciales en Honduras: por ejemplo, la aparición de miles de tarjetas de identidad regadas aquí y allá en varias partes del país.

Ésta va a ser la última etapa de esos vicios, dice muy orondo el magistrado del TSE Enrique Ortez, quien asegura a quien quiera oírlo que el organismo del que forma parte está demostrando que quiere corregirlos.

Vaya, ¿entonces por qué todos los días el gobierno de facto dice que las próximas serán las elecciones más transparentes de la historia de Honduras?

La corrección se dará, claro, después de este proceso electoral, cuando haya pasado la pasión política y los partidos se sienten a realizar la reforma electoral que requiere el país. Si empieza a fallar el sistema que le da credibilidad al proceso electoral si realmente vamos a estar en muchos problemas, dice con seriedad Ortez, homónimo e hijo de aquel efímero canciller de Micheletti, que renunció cuando su opinión sobre Barack Obama (un negrito del batey que no entiende nada) dio la vuelta al mundo.

El magistrado Ortez repite la idea en la que el gobierno de Micheletti insiste una y otra vez en un anuncio de televisión: Cuando las crisis se presentan los procesos electorales son los que restituyen la normalidad del país.

El anuncio y las declaraciones de los personeros de Micheletti son un autogol: ellos, que insisten en que aquí nunca hubo golpe de Estado, ponen de ejemplo a países como Chile, donde las elecciones fueron el camino para salir de las dictaduras militares.

El punto lo retoman Christopher Sabatini Daniel Altschuler, en un artículo reciente de Foreing Policy, revista del Council of the Americas y foro de los empresarios estadunidenses con intereses en América Latina.

Esa comparación es tan peligrosa como equivocada, dicen los autores. Permitir que un gobierno que se hizo del poder por medios inconstitucionales esté al frente del país durante las elecciones sería un precedente peligrosos para la política de Estados Unidos en la región.

Publicado el 2 de noviembre, antes de que naufragara el acuerdo de Costa Rica, el texto señalaba que no insistir en la restitución de Zelaya equivaldría a enviar el mensaje de que los líderes democráticamente elegidos pueden ser echados del poder, siempre y cuando después sigan elecciones razonablemente justas.

Apoyar el revisionismo golpista auspiciado por los amigos de Micheletti en Washington, finalizan, equivaldría a echar a Iberoamérica hacia los días oscuros de gobiernos militares y elecciones falsas de los años 70 y 80.

Claro, aquí en Honduras las elecciones no son falsas. Apenas tienen algunos vicios.

No me siento a dialogar con golpistas: Zelaya

Las visitas de altos dignatarios que vienen a apoyar el diálogo son ya asunto corriente en esta ciudad. Vienen, aparecen en la televisión con Roberto Micheletti y otros miembros del gobierno de facto, visitan a Zelaya en la embajada de Brasil… y se van sin haber conseguido nada.

Hoy es el turno del subsecretario adjunto del Departamento de Estado estadunidense, Craig Kelly. Pensamos que la salida para el pueblo hondureño, parte de la solución, son las elecciones, pero queremos avanzar en el mayor apoyo internacional, dice Kelly, para felicidad de los golpistas y a contrapelo de las posturas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras voces internacionales.

Yo no me siento a dialogar con golpistas, le dije a Kelly, afirma Manuel Zelaya a Radio Globo, mientras los encargados de abastecerlo, a él y sus acompañantes, pedían un cortauñas.

Mi posición es no regresar a mesas de diálogo falsas porque sólo implican un deterioro moral ya que lo que querían era repartirse puestos y la chequera, sigue Zelaya, quien ha aplaudido la decisión del Frente de Resistencia de boicotear las elecciones.

Lo que querían, más bien, era ganar tiempo. No se puede dar una opinión a la ligera, justifica el vocero de la Corte Suprema, Danilo Izaguirre, luego de que los magistrados anuncian la creación de una comisión para analizar el asunto, presentar un dictamen y votarlo posiblemente el próximo miércoles 18 de noviembre, a 11 días de las elecciones.

El presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, dice por su lado que cuando tenga las opiniones de la Corte Suprema de Justicia, de la fiscalía y de la Procuraduría General de la República convocará al pleno, aunque tampoco pone fecha.

Uno de los problemas es que la Corte Suprema, que emitió la orden de captura contra Manuel Zelaya, tiene un conflicto de interés. El ex ministro de Defensa de Zelaya Edmundo Orellana, experto abogado, sostiene que solicitar a ese alto tribunal opinión sobre un asunto que puede ser objeto de una controversia cuya decisión podría corresponderle, es incitarla a que incurra en una infracción a ese deber fundamental de no emitir juicios adelantados sobre asuntos que podrían ser sometidos a su conocimiento, y colocar al solicitante en la incómoda situación de incitador, de la cual podrían derivarse responsabilidades.

En realidad, tales asuntos ya son de su conocimiento, puesto que abogados de la resistencia han presentado varios recursos legales en contra de la decisión del Congreso de destituir a Zelaya.

La abogada Vilma Morales, integrante de la comisión negociadora del golpista Micheletti y ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, no ve problema alguno: La corte puede presentar un informe de hechos y circunstancias, sin entrar a calificar.

Por lo pronto, todo es elección, ya sea en favor o en contra.

No puede haber elecciones en estas condiciones: no ha habido ni campaña y no hay igualdad de condiciones para los candidatos, dice Rasel Tomé, un funcionario cercano al presidente y su acompañante en el encierro.

Pero el coronel Coca jura ante la prensa que el 29 de noviembre este país le dará una lección al mundo de lo que somos capaces los hondureños para defender un sistema en el cual todos tenemos oportunidades. Para garantizarlo, las fuerzas armadas tienen listo un grupo de acción rápida y la decisión de darles a los opositores lo que les corresponde.

No hay mejor momento para morir, para un soldado, para un policía, que hacerlo en defensa de su país, cierra Coca, quien asegura que durante este conflicto el ejército y la policía de Honduras han tenido heridos y otros que han fallecido. Aunque hasta ahora, la desinformada comunidad internacional sólo haya podido ver los muertos y los heridos de la resistencia al golpe de Estado.