El anuncio del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre un nuevo esquema de citas para obtener la credencial de elector derivó en el reclamo perredista para que el instituto asuma una posición más firme frente a la intención de la Secretaría de Gobernación de imponer la cédula de identidad.

Para el PRD, el IFE no ha sido suficientemente explícito para detener dicho intento, pues es clara la imposibilidad de coexistencia con la mica electoral.

Las críticas del perredista Pablo Gómez sobre la omisión del IFE generó la reacción de algunos consejeros, como Marco Antonio Baños, quien coincidió en la imposibilidad de que coexistan dichos documentos y alertó sobre la ineludible afectación al padrón electoral.

A su vez, su homólogo Francisco Guerrero apeló a una reciente encuesta realizada para el IFE, con el propósito de apuntalar su argumento central de que desde el Congreso se impulsen acciones para afianzar la credencial de elector como el medio idóneo de identificación de los ciudadanos.

Incluso, el propio presidente del instituto, Leonardo Valdés, reivindicó la postura asumida por el IFE, que ha hablado, y fuerte, en este tema. Se ha expuesto la preocupación sobre los efectos que tendría la cédula de identidad en el padrón electoral de cara a la elección del 2012, dijo. Sin embargo, el IFE ha señalado que como autoridad electoral no puede pronunciarse en contra de una ley que, aunque puede reformarse, está vigente, dijo Valdés.

En tanto, el panista Agustín Castillo defendió la necesidad de que se escuchen los diversos argumentos en torno a la cédula de identidad. Mencionó que su partido se ha allegado de información diversa y reivindicó, en su caso, que sea la Cámara de Diputados la que defina si otorga presupuesto a este proyecto para el próximo año.

La postura fue rebatida de inmediato por Pablo Gómez, quien consideró imprudente la demanda gubernamental de que se canalicen recursos a un proyecto que no está claro, y cuyas consecuencias, de ponerse en marcha, serían desastrosas. Recordó que el IFE canaliza 40 por ciento de su presupuesto a financiar la actualización permanente del padrón.