l 9 de febrero de 2007, a 10 semanas de la usurpación de la Presidencia de la República, propuse por conducto de La Jornada la realización de un referendo presidencial revocatorio con esta pregunta a escrutinio: ¿está usted de acuerdo en que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa sea revocado de su cargo como titular del Ejecutivo federal: sí o no?

Los alegatos para llevar a cabo este procedimiento democrático después de dos años y medio de padecer su gobierno de facto, están más vigentes que entonces. Revisemos algunos y comprobemos que los peores vaticinios se cumplieron:

“Durante estas primeras 10 semanas de gobierno, el presidente espurio Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) delinearon los ejes programáticos que pretenden aplicar durante todo el sexenio: 1. militarización, contrainsurgencia, acciones represivas contra las fuerzas populares oposicionistas; cooptación de algunos sectores de la izquierda institucionalizada, absorción del priísmo y el sindicalismo oficialistas; 2. profundización del modelo neoliberal (con todo lo que eso significa para los niveles y las condiciones de vida de los mexicanos, sus derechos a la alimentación, educación, salud, seguridad, empleo, vivienda y bienestar social) y privatización de los recursos estratégicos; 3. sujeción absoluta de México a la hegemonía política, ideológica, cultural, militar, de inteligencia y seguridad de Estados Unidos; 5. control de los medios masivos de comunicación como instrumentos ideológicos al servicio de los poderes fácticos y del régimen calderonista que los representa...

“Ante este sombrío proyecto en desarrollo las preguntas centrales son: ¿están dispuestos los ciudadanos que no votaron por Calderón, que se abstuvieron, o incluso quienes se han arrepentido de su voto por el PAN a soportar seis largos años de penurias, autoritarismo, desnacionalizaciones y entreguismo? ¿Sobrevivirá la nación mexicana como ente soberano ante el acoso sistemático privatizador de los apátridas que gobiernan para beneficio exclusivo de las corporaciones capitalistas? ¿Es necesario el precio que hay que pagar en vidas humanas, sufrimientos y esfuerzos inútiles por aguantar todo un sexenio a un gobierno que en tan sólo unas semanas resulta intolerable para millones de mexicanos? ¿Existe alguna duda razonable sobre la naturaleza reaccionaria y regresiva del actual grupo gobernante que pudiera dar posibilidades de un cambio distinto al que se ha observado en estos dos primeros meses de gobierno?

Si las respuestas a estos interrogantes son negativas, una propuesta que podría ser enarbolada por las coordinaciones frentistas, organizaciones gremiales y de la sociedad civil agrupadas en el Diálogo Nacional y aun por organismos políticos y sociales de todo el espectro ideológico es la realización de un referendo presidencial revocatorio.

En la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución de 1999 asienta en su artículo 72: Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor de 20 por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Con esta base constitucional, el 15 de agosto de 2004 se efectuó en este país un referendo vinculante que el presidente Hugo Chávez ganó con 59.10 por ciento por la ratificación, contra 40.64 por la revocación, con una participación de 69.92 por ciento del electorado.

No hay que esperar que el Congreso de la Unión, dominado por los intereses corporativos, antipopulares y antinacionales, reforme la Constitución para incluir esta importante práctica democrática, que pudiera revertirse contra sus actuales miembros, quienes después de las recientes votaciones sobre las nuevas leyes fiscales, perde-rían sin duda todos los eventuales plebiscitos que tuvieran lugar.

En 2007 sosteníamos: “La iniciativa ciudadana hacia el referendo podría ser también un eficiente mecanismo para lograr una unidad nacional patriótica que se abocara a organizar en todo el país los comités por el sí, por la revocación del mandato que de manera ilegítima ocupa Felipe Calderón. Aquí podrían coincidir muchas fuerzas políticas conscientes de la amenaza que representan los grupúsculos económicos y políticos que se han apoderado del control del Estado. Obviamente que es necesario un proceso unitario y de acumulación de fuerzas que promueva el voto revocatorio, pero en el camino podrán perfilarse aquellos que buscan el interés general del país y de la mayoría nacional por encima de los intereses grupales o partidistas”.

Tendría que haber una coordinación autónoma, amplia, plural, representativa, con presencia nacional, que establezca comités en todo el país para que la ciudadanía se exprese en una fecha convenida en 2010. Estos comités tendrían dos formas organizativas: una encargada de llevar a cabo la consulta, y otra que trabajara por la opción del voto revocatorio: llenar todos los muros, carreteras y espacios públicos, redes de Internet y correos de boca, o Radio Bemba, con la consigna: sí, a la revocación de Calderón, abajo el mal gobierno.

La organización del referendo sería una acción política ciudadana amparada por los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Constitución, que garantizan la libre expresión de las ideas, publicación de escritos, petición y asociación, y sobre todo, por el 39 de la misma Carta Magna que radica la soberanía en el pueblo.

El referendo es una de las pocas iniciativas pacíficas para dotar de protagonismo a una sociedad traicionada por una clase política corrupta y apátrida.