El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) planteó a la Cámara de Diputados que, debido a la suspensión definitiva ordenada por la juez Guillermina Coutiño Mata y mientras no se resuelva el juicio de fondo, no puede eliminarse del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 la partida económica destinada a Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En un documento entregado a la mesa directiva, a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, se indica que si al votarse el gasto para el próximo año se suprime la partida correspondiente a LFC se violaría la resolución judicial emitida hace una semana.

El secretario general del SME, Martín Esparza Flores, se reunió ayer con el ministro Genaro Góngora Pimentel, a quien solicitó hacer suya la petición de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación integre una comisión para investigar la grave violación de las garantías de los 44 mil trabajadores electricistas que fueron despedidos.

En la Cámara de Senadores, el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, promueve un punto de acuerdo entre los grupos parlamentarios para hacer un exhorto al gobierno federal a que multiplique su esfuerzo de diálogo con el SME y lograr soluciones que satisfagan a ambas partes.

Declaró que en esa cámara no hay condiciones para mediar en el conflicto ni para presentar una controversia constitucional contra la extinción de LFC.

El viernes pasado, la juez Coutiño Mata concedió una suspensión definitiva al SME para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo e instruyó a este organismo esperar que la juzgadora se pronuncie sobre la presunta inconstitucionalidad del decreto por el cual se liquidó LFC el 11 de octubre.

La observación del SME a los diputados se refiere a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el Ejecutivo federal propuso un gasto total para Luz y Fuerza de 116 mil 810 millones de pesos.

Turnado a San Lázaro el 8 de septiembre pasado, el proyecto señala que 84 mil 10 millones de pesos se destinarían al pago de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y 24 mil 461 millones al pago de pensiones.

Además, al gasto no programable se canalizarían 8 mil 194 millones de pesos para el aumento de activos de la empresa, pago de intereses y disminución del pasivo.

Después de que se hizo público el acuerdo del ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, de desechar por notoriamente improcedente la petición de los electricistas, porque no están legitimados constitucionalmente para solicitar a la SCJN su intervención, la dirigencia del SME visitó al ministro Góngora para tratar de que alguno de los integrantes del pleno se solidarice con su demanda.

Esparza se reunió también con Carlos Navarrete. Éste calificó de provocación lo declarado por del secretario del Trabajo, Javier Lozano, acerca de que los amparos y la controversia son una aventura y no hay marcha atrás a la desaparición de la empresa.

El senador priísta Francisco Labastida consideró poco factible que prospere la convocatoria de los electricistas a una huelga general, y el panista Gustavo Madero la calificó de llamado a misa.

Óscar González Yáñez, del PT, consideró que la libre manifestación de los ciudadanos en las calles no debe reglamentarse, porque es un derecho consagrado en la Constitución.

Al referirse a la marcha del SME, que fue respaldada por ciudadanos, sindicatos y organizaciones sociales, consideró que mientras persista la intransigencia del gobierno federal ante las justas demandas, los partidos de oposición harán valer el derecho a expresarse.

El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, reivindicó las movilizaciones del miércoles como parte del ejercicio pleno y absoluto de las libertades. Destacó que con la extinción de LFC miles de trabajadores han quedado en el desempleo, por lo cual el gobierno federal debe hacer fluir de forma rápida y oportuna los apoyos y ayudas comprometidos para lograr una rápida reincorporación de los electricistas a las actividades económicas.

La Conferencia del Episcopado Mexicano criticó que Martín Esparza utilizara el estandarte de la Virgen de Guadalupe en las movilizaciones de anteayer. Miguel Alba Díaz, obispo de La Paz, comentó que cada vez que se utiliza un símbolo católico en asuntos ajenos a la religión nos da tristeza y nos duele que un grupo u otro, un partido u otro, pretendan abusar de la sensibilidad religiosa de nuestro pueblo.