Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 de noviembre. Trece de las 16 familias tzeltales que conformaban el poblado Salvador Allende abandonaron hoy esa localidad, ubicada en la reserva ecológica de Montes Azules, donde vivieron los pasados 30 años, informó la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

El pasado 10 de noviembre, tras dos décadas de intentar el reconocimiento legal de sus tierras, las 13 familias salieron de la selva, luego de firmar ante la Procuraduría Agraria un acuerdo para no retornar ni entablar acción agraria a su favor, a cambio de 200 mil pesos por cada familia.

La SRA invirtió 3 millones 65 mil pesos, los cuales fueron entregados como contraprestación a las 13 familias tzeltales a cambio de desalojar las 306 hectáreas y entregarlas a sus propietarios, es decir a la Comunidad Zona Lacandona, agrega el boletín.

Ninguna de las familias pudo acreditar la posesión legal de las tierras, como tampoco las tres que se negaron a salir, contra las cuales se inició una demanda penal para su desalojo, agregó la dependencia.

No obstante, la SRA mantiene pláticas con ellas para que desocupen 70 hectáreas y la zona quede libre de asentamientos humanos irregulares.

El poblado Salvador Allende se inició en 1978, cuando un grupo de indígenas tzeltales llegaron a lo que hoy es la cuenca del río Negro, en el corazón de la selva Lacandona. Durante casi dos décadas se dedicaron a sembrar; ahí nacieron dos generaciones que conformaron 16 familias.

De acuerdo con la SRA, en 1985 esas familias solicitaron al gobierno federal la entrega formal de las tierras, a las que consideraban terrenos nacionales.

Entonces les notificaron que el lugar formalmente pertenecía a un grupo de indígenas lacandones a los que nunca habían visto y los que en ese momento tampoco demandaron la posesión de las tierras que trabajaban los tzeltales.

En la misma situación se encontraban más de 50 poblados dispersos a lo largo de las más de 6 mil hectáreas que integraban los bienes comunales de los lacandones.

Fue a finales de la década de 1990 cuando los gobiernos estatal y federal iniciaron la regularización de la tenencia de la tierra en la selva Lacandona y comenzaron el desalojo y reubicación de decenas de poblados. Sólo una veintena de ellos logró en 2003 que se le reconociera su estancia legal.

No fue el caso de San Antonio Miramar, Rancho Corozal, Salvador Allende, El Buen Samaritano y Nuevo San Gregorio –todos pertenecientes a la ARIC-Independiente– y otros cuatro poblados ubicados en la zona norte de la selva, y los dos que se localizan en el río Usumacinta: San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao. Éstos fueron emplazados formalmente para salirse de la selva, bajo la amenaza de ser desalojados.