Buenos Aires, 13 de noviembre. Esta vez no hubo festejos sino dolor, cuando las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el hallazgo del menor número 99 desaparecido durante la dictadura, tras identificarse el cadáver de Mónica Graciela Santucho, quien tenía 14 años cuando fue secuestrada en La Plata, provincia de Buenos Aires.

El 3 de diciembre de 1976 los militares la llevaron junto a sus padres, Catalina Ginder y Heldy Rubén Santucho, a quienes asesinaron. Mónica, cuyo último gesto de amor fue esconder a sus dos hermanitos pequeños en un contenedor de basura cercano a su casa, fue testigo de los asesinatos. Estuvo detenida durante meses antes de ser desaparecida. Su cuerpo fue encontrado enterrado como NN en una tumba colectiva en el cementerio de Avellaneda,

“Además de secuestrar y robar bebés nacidos en cautiverio, asesinaron a niños y adolescentes que por su edad no podían ser apropiados" dijeron la Abuelas tras dar a conocer la identificación hecha por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

El padre de Mónica no tenía nexos con el desaparecido, Mario Roberto Santucho, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) ya que el matrimonio integraba la organización peronista Montoneros.

Varios sobrevivientes de centros clandestinos de detención fueron claves para reconstruir el caso de Mónica a la que algunos vieron antes de su asesinato y desaparición. Se sabe que estuvo con vida hasta el 15 de enero de 1977.

Este caso fue asimilado por las Abuelas con el de Bárbara y Roberto Lanoscou, de cuatro y cinco años respectivamente cuando fueron secuestrados y después asesinados. Sus restos fueron hallados junto a los de sus padres, Amelia y Roberto, el 25 de enero de 1984, pero Matilde, otra bebé del matrimonio, sigue desaparecida. Recientemente se enjuició a los responsables del secuestro y asesinato del Floreal Avellanada, de 14 años, cuyo cadáver con huellas de tortura fue hallado en costas uruguayas.

Hay más de tres mil jóvenes que han pedido que se investigue su identidad, porque temen haber sido víctimas de esta trágica situación.

Ayer la Cámara de Casación declaró como crimen de lesa humanidad la apropiación de hijos de desaparecidos y la supresión de su identidad.

Esta decisión fue tomada por la Sala II del máximo tribunal penal endureciendo el fallo del Tribunal Oral Federal 5, que el 4 de abril del 2008 condenó a 10 años de cárcel al militar retirado Enrique Berthier, y a ocho y siete años respectivamente al matrimonio Osvaldo Arturo Rivas y Maria Cristina Gomez Pinto por anotar bajo su nombre a Eugenia Sampallo Barragán, hija de desaparecidos y nacida en cautiverio.

Pero los jueces de casación añadieron el delito de "alteración del estado civil" de la víctima al concluir que el ex capitán Berthier, entregó a la niña de tres meses con un acta falsa firmada por un médico militar en Campo de Mayo. La madre Mirta Barragán y su esposo Leonardo Sampallo, fueron llevados a los centros clandestinos "Club Atlético" y "El Banco", en diciembre de 1977 y luego desaparecidos.

La Justicia declaró imprescriptibles las torturas y desapariciones de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) apresados después de un ataque al regimiento de la Tablada el 23 de enero de 1989, donde se produjeron varias muertes en los enfrentamientos. El general Alfredo Arriaga, responsable del operativo de recuperación de ese regimiento ya está detenido por actuar en la represión ilegal.

En este caso la justicia tomó decisiones más de 20 años después de esos hechos, donde los detenidos fueron ferozmente torturados y varios desaparecidos. En sus considerandos el juez sostuvo que el presidente de la Nación (Raúl Alfonsín, 1983-1989) accionó ante el ataque a la democracia tendiente a derrocarlo, y en cumplimiento de sus legítimas atribuciones, activó el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación, pero añadió que varios de los agentes convocados, además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional.