a sociedad mexicana se polariza cada vez más en dos clases sociales muy bien diferenciadas; una mucho más reducida que la otra, que detenta los grandes ingresos y que es propietaria de empresas industriales, empresas de servicios, banca, tierras, medios de comunicación y todo lo que significa el poder del dinero y del control de la información. La otra clase es la de los marginados, que escasamente tienen para sobrevivir, que visten mal, comen mal, se educan mal y tienen que trabajar arduamente, a veces fuera de la ley y otras veces fuera del país, para medio pasarla.
La clase media se va reduciendo y de ella, unos pocos, si tienen buenos contactos o pocos escrúpulos, pueden hacerse un pequeño espacio entre los de arriba, los más, van lentamente descendiendo hacia el empobrecimiento, la insalubridad y la marginación.
Ante esta realidad tenemos que destacar un claro contraste entre lo que hace y dice el gobierno federal y lo que hace y dice el gobierno de la ciudad. En materia educativa por ejemplo, el gobierno de la capital del país mantiene a pesar de recortes presupuestales, el programa de becas para preparatorianos; no dejar caer ni a las preparatorias fundadas por AMLO ni a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, oportunidad para jóvenes con pocos recursos, pero con ganas de estudiar.
En cambio, en el gobierno federal se ha disminuido drásticamente el ingreso de las escuelas públicas de enseñanza superior y se les exige que se aprieten el cinturón
, con absoluta falta de sensibilidad social, olvidando el principio de que mientras más integrantes de una comunidad tengan acceso a los estudios, ésta podrá mejorar y salir adelante.
Sería mejor, como se ha propuesto desde diversos frentes, reducir los gastos de la alta burocracia, exigir a los grandes potentados que paguen sus impuestos y medir el crecimiento inmoderado de las fuerzas armadas, pero esa opción no les pasa por la cabeza a quienes disfrutan de la abundancia y se encuentran ahítos y satisfechos.
Mientras que el gobierno de la ciudad promueve comedores comunitarios, tarjetas de apoyo a adultos mayores, recursos a las madres solteras y mantiene el nivel de sus programas sociales, que por una parte disminuyen la angustia de la carestía y por otra, hacen que el dinero circule abajo, inyectando todos los meses recursos frescos a la economía popular y de paso, al comercio y a la producción.
Del otro lado de la mesa, se dice que es un atavismo
que el estado mexicano mantenga el control de las empresas que producen energía, ignorando con esto lo que dispone la Constitución en su capítulo económico, que reserva el control de los energéticos precisamente al sector público, para beneficio de la colectividad, pero también para mantener la seguridad de que no se emplearán mal y para apuntalar la emancipación de nuestra nación.
En tanto que el gobierno federal de un plumazo pone en la calle a miles de familias, pretendiendo con ello abrir camino a la inversión privada y extranjera en la producción de energía eléctrica, la Secretaría del Trabajo del gobierno de la ciudad se empeña en buscar espacios a los habitantes del Distrito Federal para que organicen empresas cooperativas, en las cuales si bien es cierto que no se harán grandes negocios, sí servirán para paliar los golpes feroces de la economía de mercado y para encontrar alternativas a la crisis.
Bien se ha dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver; basta subir al Metro, recorrer las calles de las ciudades, caminar por las carreteras para ver a la gente cada vez más apremiada por la falta de trabajo y producción; los que se encuentran en la cúspide de la pirámide social no se percatan que por debajo y a veces muy cerca de ellos, los lazos sociales se resquebrajan y que si su posición privilegiada no se modera, lo que puede venir es impredecible. La sociedad no puede dejar pasar sin organizarse, los atropellos en su contra.
