Frente a los recientes crímenes contra periodistas en el país, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, indicó que las autoridades del país tienen la responsabilidad de esclarecer los ataques denunciados e investigar, procesar y sancionar a las personas responsables de esos delitos.

El funcionario indicó que actualmente los periodistas nacionales enfrentan una situación precaria para ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Durante una visita por Durango, Brunori constató las condiciones en que se ejerce la libertad de expresión en la entidad. Para la OACNUDH la vigencia de este derecho constituye uno de los temas prioritarios, destacó.

Recordó que el informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, publicado recientemente por esa oficina de la ONU, asienta que el gremio periodístico se encuentra en una situación de riesgo, principalmente quienes se dedican a investigar temas relacionados con la seguridad y el crimen organizado. En tal circunstancia, las agresiones son frecuentes y van desde las amenazas hasta los asesinatos, pasando por otras formas de presión indirecta que coartan la libertad de expresión.

Advirtió que esto coloca a los reporteros en una precaria situación para ejercer el derecho a la libertad de expresión, lo que genera que la censura y la autocensura sean las alternativas ante un clima de agresiones e impunidad, violentando además el derecho de la sociedad a estar plenamente informada.

Brunori subrayó que la impunidad es uno de los factores que inciden en el aumento del riesgo contra los comunicadores. Recordó que el año pasado durante una visita a México, la entonces alta comisionada, Louise Arbour, advirtió que los asesinatos y abusos no resueltos de periodistas contribuyen a un clima de impunidad que afecta el derecho a la libre expresión.

Por ello, el representante de la oficina en México demandó a las autoridades esclarecer los ataques, investigarlos, procesar y sancionar a los responsables con apego a la normatividad internacional de derechos humanos.

Las denuncias de amenazas, acoso e intimidación a los defensores de derechos humanos, periodistas y abogados deben recibir una pronta respuesta y se deben tomar las medidas adecuadas para su seguridad.

Agregó que no debe pasarse por alto que, precisamente por la relevancia del tema, la Procuraduría General de la República cuenta con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, organismo que es –dijo– indispensable fortalecer, ya que las agresiones continúan ocurriendo en un contexto de impunidad.