Durante la administración de Felipe Calderón han sido asesinados 19 periodistas y se han presentado 201 agresiones contra reporteros y medios de comunicación, aseguran Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en su más reciente informe sobre la situación de la libertad de expresión en México.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) señalan que las tendencias son inquietantes porque prevalece un ambiente de impunidad y las autoridades siguen siendo las principales presuntas responsables de las agresiones registradas.

Entre julio y septiembre de 2009, indican, se registraron 59 atentados contra periodistas o medios informativos; entre éstos tres homicidios.

Este año ha sido el más negro del sexenio para el gremio: del primero de enero al 30 de septiembre ocho periodistas han sido asesinados. En 2008 fueron seis y en 2007, cinco.

Las violaciones más graves, como asesinatos y desapariciones se atribuyen en su gran mayoría al crimen organizado. Sin embargo, el registro de agresiones de este tercer trimestre (julio-septiembre) sigue apuntando a las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno, federales, estatales y municipales, como responsables en la mayoría de los casos (71.19 por ciento), revelan.

El informe titulado Agresiones contra la libertad de expresión en México 2009, que abarca de julio a septiembre de este año, asevera que el asesinato constituye la agresión más contundente y uno de los indicadores de violencia que permite entender el contexto en que los periodistas ejercen su trabajo.

Ambas organizaciones subrayan que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por el Estado mexicano) el derecho a la libertad de expresión implica una doble obligación: El Estado no sólo está obligado a no violentar, sino también a proteger y promover un ambiente propicio para el ejercicio de este derecho.

Artículo 19 y Cencos reiteran su llamado al Estado para hacer frente a la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos descritos.

El reporte destaca que actualmente los comunicadores se enfrentan a un contexto de violencia que los coloca en una posición de riesgo y vulnerabilidad. “La influencia del narcotráfico y el crimen organizado y su colusión con las autoridades condiciona también la labor periodística. Además, los operativos militares y policiacos desplegados por el gobierno federal en buena parte del país han producido pobres resultados en términos de seguridad pública y en muchos casos han provocado violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas muy graves y que afectan a la libertad de expresión”.

Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, Guerrero y el Distrito Federal son las entidades donde se registraron el mayor número de agresiones en el tercer trimestre del análisis.