A contrapelo de las reformas que se han aprobado en 16 estados de la República para proteger la vida desde la concepción, en el Congreso de Baja California Sur se propuso una iniciativa que despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación.

La iniciativa, presentada el 27 de octubre por la diputada perredista Graciela Treviño Garza, cuenta con respaldo significativo en el Congreso, en el cual los partidos de izquierda son mayoría. Por ello, comenta la legisladora, de aprobarse la propuesta el estado podría convertirse –después del Distrito Federal– en la segunda entidad del país en autorizar una norma que despenaliza la interrupción del embarazo.

Según explicó, una semana antes de que presentara la iniciativa, la diputada panista Sonia Murillo Macías dio a conocer otra para reformar la Constitución y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por ello, Treviño Garza expuso la suya, la cual, aseguró en entrevista, tiene posibilidades de ser aprobada, debido a la composición del Congreso estatal.

Dicha propuesta es rechazada por la Iglesia católica, el PAN y algunos diputados –de los 21 legisladores, 14 son de la coalición Por el Bien de Sudcalifornia (PRD, Convergencia y PT)–. Así las cosas, la coordinación de la bancada perredista en el Congreso estatal exhortó a sus diputados a respaldar la iniciativa. Sin embargo, para sorpresa de organizaciones de mujeres, el gobernador perredista Narciso Agúndez minimizó la agenda de género y dijo que el tema del aborto no debe estar entre las prioridades del Legislativo, explicó Mónica Jasis, codirectora del Centro de Mujeres AC.

Con esas declaraciones está claro que para el gobernador las mujeres no somos importantes. Pero el tema de la interrupción del embarazo es un problema de derechos humanos y de acceso a la salud, afirmó la activista.

Agregó que la iniciativa no promueve el aborto, sino regula la interrupción del embarazo. Además, incluye el derecho a la objeción de consciencia para todos los médicos que por convicciones personales no deseen practicar esas intervenciones.

Actualmente la iniciativa se encuentra en análisis en las comisiones de Equidad y Género, Puntos Constitucionales, y Justicia y Familia.