Cerro San Pedro, SLP, 14 de noviembre. Un día después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó la autorización condicionada de impacto ambiental otorgada a la Minera San Xavier, nada ha cambiado. En medio del pueblo, donde está el templo de San Pedro, construido en el siglo XVII, se escucha el ruido de la excavadora y el trajinar de los camiones de carga que laboran en la mina.

En este poblado pocos se han enterado de la decisión de la Semarnat y los que la conocen están molestos. Es una burla de la empresa, ya no deberían estar trabajando. No respetan la ley, dice Gabriel Muñiz, uno de los ejidatarios que se oponen a la presencia de la minera –filial de la canadiense New Gold– en esta zona.

De acuerdo con la Semarnat el viernes pasado notificó a la empresa la revocación de la autorización condicionada, que le fue otorgada el 10 de abril de 2006, en cumplimiento a la resolución del pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). Según la dependencia, la mina debía cerrar.

La gente de San Pedro está en el limbo, no sabe qué hacer. La minera dice que no hay problema con la resolución del tribunal, porque tiene una autorización estatal de cambio de uso del suelo, pero se olvida que lo obtuvo en función de la autorización de Semarnat que ahora es revocada, señala Mario Martínez, habitante de este lugar.

Un comunicado de New Gold del 2 de noviembre, fechado en Vancouver, se refiere a la resolución del TFJFA, la cual, afirma, no afecta los permisos que ha obtenido, incluido el de operación. Sostiene que todas las autorizaciones que posee son válidas.

Cita al presidente municipal, Santos Loredo, quien afirma que la empresa es bienvenida a esta comunidad, ha demostrado compromiso y responsabilidad social con el apoyo a escuelas, servicio de salud y ha proveído infraestructura.

Pueblo cercado

La llegada de Minera San Xavier a la zona para la explotación de oro y plata a tajo abierto en el Cerro de San Pedro ha provocado no sólo división entre quienes apoyan a la empresa y los que defienden sus tierras y el medio ambiente, sino también un pueblo cercado.

Alrededor de la cabecera municipal, entre las casas por donde se abren caminos peatonales y en terrenos baldíos se extiende una malla ciclónica que impide el libre transito de los habitantes y de los ejidatarios, que han comprobado en tribunales ser los dueños de las tierras. Esa cerca se prolonga a lo largo del camino que conduce a este lugar, plagado de construcciones históricas.

Grupos de estudiantes recorren el pueblo y se observan algunos turistas. Hay construcciones inconclusas que iban a ser hoteles; los propietarios abandonaron sus proyectos turísticos cuando llegó la empresa, porque ya no les vieron viabilidad.

La minera viene con el argumento de que ofrece fuentes de empleo y ahora que ya no tiene permiso, éste será su principal arma, pero nosotros también hemos presentado propuestas. Este es un lugar con vocación turística, explica Ana María Alvarado, ejidataria y quien vive en la casa que dejó su abuelo, la cual tiene escrituras de 1928. Explica que según la empresa emplea a 500 personas, pero asegura que no son de la localidad, vienen de otros sitios, y tampoco son tantos.

Todos los días, dice, a las tres de la tarde esperamos las detonaciones que hacen en la mina. Primero cayeron rocas sobre los caminos y ahora se siente temblar la tierra. Nos salimos de las casas por el miedo a que se caigan.

Del cerro de San Pedro, que aparece en el escudo del estado, ya no queda ni la mitad.

El nuevo gobierno estatal, encabezado por el priísta Fernando Toranzo, no ha hecho pública su posición sobre el tema y los integrantes del Frente Amplio Opositor debieron llevar el viernes al área jurídica la sentencia del TFJFA, ya que la desconocían.