l proceso de aprobación del presupuesto de egresos para el año en puerta ha dejado las cosas (aún más) claras. Ya ni siquiera habrá esfuerzos por disimular o engañar: las decisiones de asuntos públicos se tomarán conforme a la fuerza del que tenga el poder, con abierta exclusión de opositores y desvalidos. Si antes se intentaba aparentar equilibrios, consensos e integración, ahora la consigna es que cada cual se rasque con sus propias uñas legislativas y se atenga a las consecuencias de la implantación de la ley selvática del más fuerte.

En ese nuevo panorama rumbo a 2012, el candidato puntero en el priísmo, Enrique Peña Nieto, ha hecho valer la importancia de las piezas que previamente instaló en casilleros estratégicos del ajedrez del reparto del dinero público, particularmente la presidencia de la comisión de presupuesto y cuenta pública que oportunamente había sido asignada a un personaje absolutamente subordinado a las directrices del palacio toluqueño de gobierno, Luis Videgaray, amigo, encubridor y promotor del encopetado precandidato tricolor. Con la cuchara grande de Videgaray, Peña Nieto se ha servido abundantemente, tanto para su administración propagandística y electoralmente expansiva como para sus gobernadores aliados, erradicando cualquier ilusión de que la cámara federal de diputados pudiera actuar con cierto sentido básico de sobriedad y equidad: el dinero de todos ha de ser para unos cuantos que previamente instalaron fraudulentamente a los representantes populares que serían la mayoría numérica que actuaría facciosamente en San Lázaro.

El agandalle peñanietista significa agravio para los intereses del perredismo colaboracionista que apostó desde tiempo atrás por el calderonismo, pero ahora se ha topado estrepitosamente con que las decisiones importantes se toman en Toluca y no en Los Pinos. El PRD moderno, dialogante y civilizado, que se negó a hacer escándalo en los momentos tácticamente importantes porque confiaba en las vías institucionales de resolución de conflictos, se quedó como el perro de las dos tortas: ni defendió ardorosamente sus posiciones y puntos de vista (aunque anoche preparaba protestas de consolación, testimoniales) ni le dieron los recursos que esperaba para sus gobiernos estatales. Excluido totalmente del jaloneo por el presupuesto de egresos, marginado como nunca, ignorado y maltratado. Por ello ayer mismo, Carlos Navarrete, el presunto estadista que desde la presidencia del Senado transformaría a la nación, arremetió contra Peña Nieto, actuando en realidad ese perredista como la pieza de tablero que es de Manlio Fabio Beltrones, el jefe senatorial que ha sostenido ruda batalla interna con el gobernador del estado de México por las definiciones presupuestales. Navarrete, al igual que Jesús Ortega, otro adolorido declarante de ayer, protestan por lo hecho por Peña Nieto de la misma manera que estarían celebrando y justificando lo mismo si hubiera sido hecho por Beltrones: chuchismo fallido.

Al políticamente extinto Felipe Calderón (su decreto de autoliquidación lo firmó en las elecciones del pasado julio) no le queda sino un camino procesalmente trágico: vetar las decisiones de San Lázaro en materia del presupuesto de egresos. De llegar a ese extremo, el panista desfondado habría recorrido íntegramente el camino del fracaso en el círculo decisorio que abarca lo recaudatorio y lo presupuestal. No sólo habría naufragado su plan fiscal que con fanfarronería juraba que no tenía opción prevista (no había plan B, decían Calderón y Carstens), sino que en cuestión de egresos también habría quedado el ocupante de Los Pinos totalmente desplazado. Un tragicómico ejemplo de la inviabilidad calderónica lo da la presunta desaparición de tres secretarías de Estado que prontamente Felipe había anunciado como hecho irreversible en los consabidos anuncios de radio y televisión con los que suele convencerse a sí mismo de que la realidad es como él quiere oírla en espots y no como se presenta. El poder verdadero de este país, el priísmo legislativo, decidió que no tienen por qué cerrarse esas secretarías y les asignó recursos, al tiempo que los correspondientes a la operación de Luz y Fuerza del Centro eran enviados a otras partidas presupuestales, como si el asunto no tuviera aunque fuera hipotéticamente la posibilidad de ser corregido y revertido por el supuestamente soberano e independiente Poder Legislativo. Peor, imposible.

Astillas:

Martín Esparza y Javier Lozano tuvieron duelo dominical aritmético. El líder sindical asegura que la administración federal ha mentido en cuanto al número de trabajadores que han cobrado su indemnización (asunto que mediáticamente fue manejado al estilo Teletón, dando informes parciales en ruta hacia la meta fijada), mientras el secretario del Trabajo defiende la veracidad de sus datos e incluso ha asegurado, sin precisar la manera de hacerlo, que pueden ser auditados (es de entenderse que en lo inmediato, no a largo plazo, en escrutinios anuales). Y, sin embargo, se mueve... Ayer se realizó una Ciber Protesta Mexicana mediante la intrusión de mensajes de crítica social y política en algunos portales de empresas, escuelas y gobiernos municipales y estatales que en lugar de su diseño acostumbrado mostraron una pintura de la bandera nacional con la leyenda: Viva México ¡Cabrones! La protesta cibernética pacífica planteó, entre otras cosas: No queremos un país: donde la telefonía es controlada y monopolizada por una sola persona; recordemos que Telmex era de los mexicanos y ahora es de uno solo, el más rico del mundo; donde los funcionarios y servidores públicos tienen nexos con la mafia; donde las empresas públicas como CFE y Pemex se manejan como empresas familiares... Y, mientras arrecian las protestas contra Ulises Ruiz, como sucedió ayer en el marco de su quinto informe de desgobierno, ¡hasta mañana, en esta columna en espera de que sean denunciadas las empresas fantasmas que recibieron contratos durante el gobierno del panista Francisco Garrido en Querétaro!

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