El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ayer inconstitucional la bursatilización de ingresos públicos prevista en el Plan Sonora Proyecta (PSP), pues dicho esquema de financiamiento no reconoce que los impuestos y derechos empeñados a futuro sean deuda pública.

Por ocho votos a dos, los ministros invalidaron el artículo 19 bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, que regulaba los fideicomisos creados con el citado esquema financiero durante la administración de Eduardo Bours Castelo, la cual concluyó en septiembre.

El mecanismo que planteó el gobierno de Bours Castelo buscaba comprometer en la Bolsa Mexicana de Valores los impuestos locales y federales por 30 años mediante un sistema que impedía a ciudadanos y congresos estatales fiscalizar los fondos.

Casi tres meses después de que el pleno de la SCJN inició la discusión de este asunto, los ministros lo retomaron sin Mariano Azuela, quien pidió licencia hasta que termine su encargo, el 30 de noviembre, y resolvieron dejar vigentes otros artículos de la ley impugnada.

Fuentes judiciales comentaron que la SCJN determinó que el artículo 19 bis viola el artículo 117 constitucional, fracción octava, que se refiere al endeudamiento público de los estados, lo que dejó sin bases legales el esquema de bursatilización promovido por Eduardo Bours.

El ministro Sergio Aguirre Anguiano señaló que uno de los vicios de inconstitucionalidad del artículo referido consiste en que se trata de un financiamiento de deuda privada cuyo patrimonio se integra con bienes públicos desafectados (impuestos, derechos, bienes, inmuebles, etcétera), a pesar de lo cual no se considera que la deuda generada sea pública.

Los acuerdos no tienen temporalidad. Son contratos privados regidos por la voluntad de las partes (el gobierno estatal o municipal y las instituciones financieras o bancarias directamente), sin participación del órgano de fiscalización estatal.

Sólo el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y Margarita Luna Ramos votaron por la constitucionalidad del artículo invalidado.

Por otra parte, el pleno precisó que el gobierno de Sonora no puede ejercer a través de bancos la recaudación, administración, determinación y cobranza de los ingresos del gobierno estatal.

Panistas se congratulan

Con el Plan Sonora Proyecta Eduardo Bours buscaba realizar poco más de 100 obras de infraestructura carretera y vial, así como centros de convenciones.

El proyecto original implicaba la emisión de bonos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, pero finalmente se realizó con un préstamo directo de Banorte por 4 mil 500 millones de pesos.

Enrique Reina Lizárraga, líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Legislatura estatal, consideró que la SCJN demostró que el blanquiazul estuvo en lo correcto al oponerse al plan de Bours, basado en esquemas financieros inconstitucionales que comprometían los recursos estatales en medio de la opacidad.

Indicó que en unos días se conocerían los alcances de la declaratoria de inconstitucionalidad, que podría desembocar en apercibimientos, suspensiones o inhabilitaciones para los funcionarios públicos que participaron en el programa.

Por su parte, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Sonora y coordinador de los diputados priístas en el Congreso local, Roberto Ruibal Astiazarán, dijo que el estado se pierde el mejor sistema de financiamiento de obras y acusó a los ministros de la SCJN de politizar el tema.