Con la cancelación de la partida para financiar el proyecto de cédula de identidad la Secretaría de Gobernación utilizará los recursos asignados al Registro Nacional de Población (Renapo) –unos 855 millones de pesos– para continuar con los preparativos para su expedición.

Los diputados federales no autorizaron partida alguna para ese proyecto, pero en Gobernación consideraron que si bien los recursos del Renapo son limitados, podrán sustentar la fase programada de la cédula de identidad para el próximo año.

Incluso se mantiene el 19 de noviembre como fecha tentativa para anunciar al ganador de la licitación del contrato para la elaboración de la base de datos que asociará la información biométrica y jurídica de las personas que residen en México, incluidos extranjeros, para la cual se registraron un centenar de empresas.

En el Instituto Federal Electoral (IFE) se recibió con moderado optimismo la decisión de la Cámara de Diputados. En términos generales, los consejeros consideraron que lo acordado por los legisladores implica una inclinación en favor de la credencial de elector sobre el documento promovido por Gobernación como instrumento de identidad.

El consejero Marco Antonio Baños advirtió: “Creo que tenemos que revisar con mucho cuidado los términos del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, porque si bien indica que la cédula de identidad aparece con cero pesos, es un hecho que hay recursos para el registro civil –servicio que operan los estados– y para el Registro Nacional de Población, no vaya a ser que haya recursos escondidos detrás de esas partidas”.

Consideró que fue un mensaje claro de la Cámara de Diputados de dar prioridad a la credencial de elector, pero señaló que aún será necesario que el Poder Legislativo realice las adecuaciones legales necesarias que apuntalen el documento expedido por el IFE como instrumento único de identidad. Sería importante que el registro de electores se convirtiera en el registro ciudadano y que la cédula de identidad sea la propia credencial de elector.

Entrevistado por separado, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar señaló que es necesario iniciar las modificaciones al marco jurídico que permitan consolidar la credencial de elector. Manifestó que la decisión de los diputados permitirá al IFE garantizar que llegará a los comicios de 2012 con un padrón electoral actualizado y sin rezagos.

En su caso, mencionó Baños, el IFE hará un esfuerzo para no afectar los recursos destinados al padrón electoral. Sugirió la necesidad de que las reformas amplíen los usos que pudiera tener la credencial de elector para incorporar claves utilizadas por los ciudadanos en trámites realizados con el Seguro Social o la Secretaría de Hacienda.

El consejero Alfredo Figueroa se pronunció por mantener los canales de diálogo con Gobernación, además de revisar puntualmente los términos en que quedó la cédula de identidad.

Para participar en la licitación se inscribieron unas cien empresas que buscan la adjudicación del contrato para la compra de equipo y el soporte tecnológico para recabar información biométrica, como iris y huellas digitales. En la lista de interesados están Telmex, Cosmocolor, Axtel y Pegaso, así como las trasnacionales Microsoft, Hewlett Packard y Oracle, entre otras.

Gobernación mantiene su plan original y, pese a la austeridad de recursos, irá hacia adelante en la expedición de la cédula que, como se recordará, es un proyecto que concluirá a finales del sexenio y tendrá un costo cercano a 3 mil 500 millones de pesos, distribuidos en cuatro años, señalaron funcionarios consultados.