Familiares de dos adolescentes interpusieron una denuncia por abuso de autoridad contra tres policías investigadores (antes judiciales) que el 15 de octubre ingresaron a una escuela secundaria, de la colonia Ampliación Santa Martha, en Iztapalapa, para detener, sin orden de aprehensión, a cuatro estudiantes, dos de ellas mujeres, acusados de golpear y robar un teléfono celular a una de sus compañeras.

Los cuatro menores, aseguró Gabriela Hernández Antolín, tía de uno de los detenidos, fueron llevados a la agencia 44 del Ministerio Público y de allí trasladados a la agencia 57 del Menor, donde dos de ellos tuvieron que pagar seis mil pesos para que fueran liberados, mientras una de las adolescentes pasó una semana en el Tutelar para Menores, de donde salió luego de pagar una fianza.

Todo empezó el pasado 14 de octubre cuando María Vivián y Alejandra, de 13 y 14 años de edad, respectivamente, protagonizaron una pelea afuera de la escuela secundaria diurna 179 Motecuzoma.

Al día siguiente, María Vivián, acompañada de su madre, María Alejandra Islas Flores, se presentó en el plantel en compañía de tres policías investigadores, y sin orden de aprehensión o permiso para ingresar al recinto educativo, detuvieron a Alejandra, a su hermana Andrea y a sus compañeros Víctor y Juan Carlos, a quienes María Vivián acusó de golpearla y de robarle su teléfono celular.

Los menores, aseguraron los denunciantes, estuvieron hasta el día siguiente en la agencia 44, para después trasladarlos a la agencia 57 especializada en asuntos del menor, donde tres de los acusados fueron liberados luego de que sus padres pagaron seis mil pesos, mientras que Alejandra fue trasladada al Consejo Tutelar para Menores, donde permaneció dos semanas.

Ayer, María de los Ángeles Pérez Rojas, madre de Juan Carlos, y Gabriela Hernández Antolín, tía de Víctor, se presentaron ante la citada fiscalía para denunciar por abuso de autoridad a los tres policías, a quienes identificaron como Marco Antonio Flores Granados, placa 4072; Casto Argüello Olivares, placa 3638, y José Luis Aguilar Morales, placa 0434.

Sin embargo, denunciaron las quejosas, funcionarios de la misma fiscalía les dijeron que no era ilegal que la policía entrara a una escuela, además de que les advirtieron que acusar a un policía judicial podría tener represalias.

Las afectadas levantaron el acta FSP/T/T3/02-312/09-10, pero en la Fiscalía de Servidores Públicos se dijo que no tenían denuncia por esos motivos.

Hernández Antolín aseguró que la detención provocó daños sicológicos entre los menores, quienes sufrieron malos tratos e insultos, por lo que pidieron la reparación del daño, pues, dijo, requieren de tratamiento especializado.