na obligación elemental de cualquier gobierno es buscar a través de la negociación reducir los conflictos que se generen en la sociedad. Sobran ejemplos de naciones en que la autoridad ha logrado grandes avances por la vía de la conciliación de intereses y de la propuesta permanente para evitar rompimientos que atenten contra la paz social. Suele afirmarse, con razón, que un rasgo esencial de los países desarrollados es la capacidad que tienen para resolver sus diferencias a través del diálogo social. En nuestro país la concertación es prácticamente inexistente, lo que provoca que las diferencias en todos los ámbitos se acumulen. En pocas palabras, la labor de un gobierno es solucionar conflictos, no crearlos.

Han concluido los 30 días en los cuales el gobierno federal calculó terminar el conflicto electricista por la vía de las liquidaciones individuales incrementadas con el supuesto premio. Las cosas quedaron a medias y alrededor de 20 mil trabajadores, además de los jubilados, han optado por seguir su lucha apoyados en múltiples organizaciones que se han hecho presentes en importantes movilizaciones en todo el país. El hecho es que no se observa con claridad cuál es el Plan B del gobierno, más allá de abrir de nuevo su propuesta liquidatoria. Falló el golpe mediático de un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que autorizaría la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. La suspensión definitiva dictada por una jueza de amparo obligó a diferir el resultado de un juicio, entre los muchos otros que definirán no sólo la legalidad del decreto presidencial, sino el tema laboral relacionado con la separación colectiva y la sustitución patronal. En otras palabras, el juicio de amparo es tan sólo un primer round.

Tiempo antes, el gobierno federal se había embarcado en otra aventura al apoyar sin límites al Grupo Minera México, en contra del sindicato minero metalúrgico, generando saldos negativos en pérdida de vidas, de afectaciones materiales, lesión a poblaciones enteras y el desprestigio internacional de la acción gubernamental, en opinión de las organizaciones sindicales más representativas del mundo. En lugar de canalizar su energía a la solución del conflicto minero, el gobierno ha dirigido su gestión a tres acciones: la primera, es el intento de extraditar y encarcelar al dirigente nacional de dicho sindicato sin lograr, hasta la fecha, acreditar los fundamentos de esta petición. La segunda, pretende golpear a los huelguistas de Cananea buscando convencer a los magistrados integrantes del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito María Edith Cervantes Ortiz, Jorge Farrera Villalobos y Elisa Jiménez Aguilar, de avalar la aberrante decisión de la JFCA del 14 de abril de este año que dio por terminados la huelga, el contrato colectivo, las relaciones individuales y colectivas de trabajo, apoyada en una inspección elaborada a modo, por un grupo de empleados al servicio de la Secretaría de Economía. Por cierto, en tan sólo 24 horas se sustanció todo el proceso, confiando en desalentar a los mineros y lograr su liquidación inmediata; algo parecido a la fallida estrategia aplicada a los electricistas. Han pasado casi veintiocho meses y, a pesar de todas las adversidades, los huelguistas se mantienen en su digna lucha haciendo honor a aquellos que un siglo atrás defendieron con su vida similares derechos. Atendiendo a nuestra legislación laboral, sería inconcebible que el tribunal señalado suscriba tan burda maniobra.

Una tercera acción gubernamental se orienta a convencer a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga y resuelva en favor de Minera México la negativa de la toma de nota del dirigente nacional minero. Esgrime la empresa, a través de sus personeros, que dicho dirigente no es trabajador y que no puede defender a sus afiliados fuera del país. Ambos argumentos son absurdos, además de que no se actualizan los motivos legales para la atracción solicitada. Aun suponiendo que éste tribunal decidiera abocarse al asunto debería desechar la intención patronal, no sólo porque se trata de un acto de intromisión, sino porque la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante varios años había reconocido la relación laboral del líder sindical, precisamente en cumplimiento de una ejecutoria dictada por un tribunal colegiado en materia laboral; en fin, porque la decisión sobre una representación sindical corresponde a los propios trabajadores, no a la autoridad registradora y menos al patrón, que ostenta estar confiado en las supuestas influencias de su representante legal. Nuevamente, el máximo tribunal, congruente con criterios anteriores, deberá dejar claros los principios constitucionales en materia de libertad y autonomía sindical.

En lugar de pretender ganar guerras equivocadas que generan un alto costo social y humano en un entorno de crisis, inseguridad e inequidad creciente, el gobierno federal debería facilitar una solución para la huelga de Cananea y tomar distancia de la intromisión del Grupo Minera México en la vida del sindicato. En relación al conflicto electricista, buscar una negociación equilibrada con miras a otorgar un servicio público eléctrico en favor de la comunidad. Ello es compatible con un modelo laboral sustentable, incluyendo los cambios necesarios y con el respeto a la representación legítima de los trabajadores a través de su sindicato.