emos sostenido en diversas ocasiones que el pleno empleo –entendido como la posibilidad de que todo hombre y mujer en edad, condiciones y deseo de trabajar puedan hacerlo, y que quienes pierdan su trabajo tengan acceso a un seguro de desempleo y a facilidades de reinserción– es el objetivo más importante que como nación nos podemos fijar.

El trabajo humano no es sólo el activo (riqueza productiva) más importante de un país, tanto más cuanto mayor sea su preparación, sino que es la llave de acceso a una vida con dignidad, a la salud y la seguridad social, a una mejor educación de los hijos, a la vivienda y, cuando menos, a la disponibilidad segura de los satisfactores básicos en cada familia.

El empleo formal (con seguridad social) justamente remunerado es el instrumento básico para la erradicación de la pobreza– una vergüenza y una deuda histórica que ya no admite discursos y promesas sino acciones efectivas– y para la disminución de las enormes desigualdades que ofenden, tipifican y hasta ridiculizan a nuestro país en el mundo.

Trabajo, ingresos consecuentes y seguridad social son además el sustento de una vida y una vejez dignas, no así la vía asistencialista de la dádiva que, sin menospreciarla en sus buenas intenciones, es una reminiscencia de sociedades arcaicas y un indicador de estados fallidos.

Económicamente el empleo significa, por lo demás, ingresos, capacidad de compra y expansión de la demanda, el motor del crecimiento.

El acceso universal a una educación de calidad y a mecanismos de capacitación continua son los elementos que complementan una política de pleno empleo.

En la educación ya no caben los regateos. Hay que romper la esclerosis, sanear el sistema educativo, universalizarlo, integrarlo y elevar su calidad en todo el país. Sin excusas, la educación debe abarcar obligatoriamente a toda la infancia y la juventud entre los tres y los 18 años, con opciones prácticas para el trabajo en el ciclo medio superior (15-18 años), y las universidades deben ampliarse para dar cabida no sólo a uno de cada cuatro jóvenes sino a todos los que deseen continuar estudios superiores, incluyendo becas y apoyos.

Lo malo es que ni el pleno empleo ni la educación universal están en el radar de prioridades del binomio capital-políticos que tiene el poder en el país. Los recursos públicos nunca alcanzan para lo importante porque el sistema fiscal que han creado es disfuncional, ineficaz e inequitativo, y modificarlo con un gobierno y un Congreso mayoritariamente asociado al capital es, como acabamos de comprobar una vez más, tarea imposible.

En el caso del empleo, sin embargo, más que recursos públicos lo que se requiere es una reorganización económica del país para potenciar todas las posibilidades internas de producción y utilización masiva del trabajo humano, expander la demanda y el mercado, privilegiar el consumo de bienes y servicios nacionales, e integrar las cadenas productivas y la innovación. Implica la recuperación y retención del ahorro y su canalización más eficiente al aparato productivo… y un gobierno que se deje de tonterías y asuma su responsabilidad de servir a la población y garantizar su desarrollo, de producir y asegurar los energéticos de hoy y del mañana, que construya la infraestructura que el país requiere, que dé viabilidad a los productores del campo y a las pequeñas y medianas empresas… que asuma en una palabra su papel rector, articulador y en su caso ejecutor de una economía orientada al desarrollo social y no a la rapiña corporativa.

¿Que esto requiere cierto grado de proteccionismo? Por supuesto. En ninguna parte del mundo, industrializado o no, el proteccionismo ha dejado de existir (empezando por los enormes subsidios agropecuarios) y está aumentado ante la presión de las sociedades que han comprobado que los mercados sin control y la globalización corporativa no son la panacea prometida sino que, al contrario, significan más pobreza, desigualdad, desempleo, disminución de los niveles de vida, migración, inseguridad y crisis cada vez mayores. El gobierno de México es tal vez el único que no se ha dado por enterado de que todas las naciones protegen en una forma o en otra sus áreas básicas, desde el campo, la banca y la energía hasta el buy american.

El libre mercado puede ser positivo con límites, cuando se garantiza competencia real y justa, y bajo la premisa de que no obstaculice las prioridades de desarrollo del país, incluyendo en primer lugar la generación de empleo productivo para sus habitantes y que nadie tenga que emigrar por necesidad y menos para ser tratado como delincuente. Para México, la verdadera realidad del TLCAN, su síntesis, es un muro en la frontera, la afrenta migratoria y la desarticulación económica.

El empleo formal

Tomando a los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como indicador del empleo formal, el total de éstos fue de 14 millones 565 mil asegurados en octubre de 2008, cayó a 13 millones 868 mil en mayo de 2009 y de ahí ha venido repuntando lentamente hasta sumar 14 millones 74 mil en octubre pasado. No obstante, en este mes anterior el IMSS tenía 491 mil asegurados menos que en octubre de 2008 (Gráfico 1).

El número de asegurados en el IMSS (sin incluir a los trabajadores del campo) disminuyó -3.4% entre octubre de 2008 y octubre de 2009. Por actividad económica, los asegurados registran una baja de -3.4% en el sector agropecuario, de -7.9% en el industrial (que en el subsector Electricidad y agua ya da por descontados a los trabajadores de LFC) y de -0.7% en el de servicios (Gráfico 2).

Asímismo, los asegurados por entidad federativa se presentan en el Gráfico 3, donde se observa una disminución de éstos en casi todas las entidades, excepto en Chiapas (con un incremento de 5.0%), Michoacán (0.9), Oaxaca (3.6), Tabasco (2.1) y Zacatecas (1.8%).

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