Las autoridades penitenciarias que dirigen el penal de alta seguridad del Altiplano, en el estado de México, fueron acusadas de incumplir una sentencia de amparo definitivo que ordena suspender una sanción disciplinaria que mantiene segregado al conocido narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo en una minúscula celda ubicada en el módulo de tratamientos especiales para adictos de esa prisión.

Los abogados del ex capo de la droga iniciaron un incidente de repetición del acto reclamado y presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en el Consejo de la Judicatura Federal para denunciar que aun cuando un juez y tres magistrados federales ya reconocieron que fueron violadas las garantías individuales del tío de los hermanos Arellano Félix, éste sigue confinado en un módulo de castigo.

Según el reo, las autoridades penitenciarias le cobran desde el agua que consume hasta cada papel de baño que utiliza, lo que es ilegal.

Respecto del desacato judicial en que están incurriendo las autoridades penitenciarias en el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, habló ayer con La Jornada su abogado Félix Garza Martínez.

La sanción deriva de un examen de un médico externo que le práctico análisis a mi cliente, siguiendo órdenes de la dirección del penal y, supuestamente, arrojó positivo para el consumo de cocaína. Pero ese examen se contrapone a otros que le realizaron médicos internos del Altiplano, los cuales arrojaron negativo, indicó el penalista.

“Pese a esa contradicción, agregó, se le aplicó al señor Félix Gallardo una sanción disciplinaria que lleva ya más de 400 días, razón por la que acudimos al juicio de amparo, donde se nos dio la razón, pero las autoridades en lugar de cumplir la sentencia vuelven a dictar la misma medida disciplinaria.

La pregunta es: por qué, suponiendo, sin conceder, que fuera cierto que mi cliente consumió cocaína en el interior de un penal de máxima seguridad, las autoridades no denunciaron a la PGR el hecho de que se venden drogas en un centro carcelario como ése. Porque de ser así, es muy grave; hay complicidad y omisión de las autoridades penitenciarias para permitir el tráfico de estupefacientes en el interior del Altiplano, concluyó Félix Garza.