Especialistas en temas de género y activistas en pro de los derechos sexuales y reproductivos afirmaron que en México el aborto es un tema de salud pública y justicia social que enfrenta un claro embate de los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad, que pretende reducirlo a un tema de anticoncepción que se puede criminalizar.

Al participar en la mesa Encuentros y desencuentros en torno al aborto en México, Raffaela Schiavon, directora de International Projects Assistance Services, IPAS-México, destacó que hay suficientes pruebas científicas de que una mejor educación sexual y el acceso oportuno a anticonceptivos tiende a reducir los casos de aborto.

Resaltó que en América Latina, de 1990 a 2008, al menos 7 por ciento de la mortandad materna está vinculada con los abortos. A ello se suma, agregó, que en más de 15 años no ha existido un cambio en la tendencia de estos casos.

Expuso que el aborto clandestino es muy difícil de censar, por lo que en México y la región puede existir un claro subregistro en el número total de casos.

Lucía Melgar, coordinadora de investigación del programa de estudios de género de la UNAM, enfatizó que la academia debe participar más activamente con los grupos civiles organizados y difundir el cono- cimiento acumulado, ante un claro ataque de los sectores más conservadores. Es necesario, aseguró, saber por qué prevalece una cultura social que permite criminalizar el aborto, a pesar de los avances del pensamiento científico, y también por qué los jóvenes no ejercen su derecho a elegir libremente cuántos y cuándo tener hijos.

Luego de que 17 congresos estatales aprobaran un marco legal que penaliza el aborto, María Luisa Sánchez, directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida, afirmó: estamos ante la revancha de la ultraderecha, con una clara injerencia de la Iglesia católica en leyes y políticas públicas, lo que resulta muy grave, pues hay un proceso de desmantelamiento del carácter laico del Estado mexicano.

Con tales reformas, agregó, se pretende dar personalidad jurídica a un óvulo fecundado, anulando los derechos de la mujer plasmados en la Constitución. De concretarse esa modificación a nivel federal, se traduciría en una mayor restricción de los derechos sexuales, la aplicación de una maternidad forzada, así como la indefensión y criminalización de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

Por separado, la Asociación de Mujeres Sobrevivientes de Abuso Sexual (Musas), advirtió que las reformas que se han hecho en 17 estados para penalizar la interrupción del embarazo, deben combatirse, porque vulneran el Estado laico y son una anulación a los derechos alcanzados por las mexicanas en los pasados 50 años, advirtió la Asociación de Mujeres.

Juanita Núñez Flores, directora del organismo, indicó que los partidos políticos y los sectores de derecha que impulsan esta regresión en las legislaturas estatales deben tomar en cuenta que al imposibilitar que la mujer ejerza su derecho a interrumpir un embarazo –sobre todo cuando hubo violación sexual–, se generan factores emocionales y sicológicos que afectan la relación madre e hijo.