A pesar de que ayer logró reunir las firmas de diputados que sustentan su petición, la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) decidió posponer un día más la presentación de la solicitud para remover a Rafael Acosta Ángeles, Juanito, como jefe delegacional en Iztapalapa.

El documento fue suscrito por la petista Ana Estela Aguirre, no así por los siete legisladores de la corriente perredista Nueva Izquierda, aunque la mayoría comentaron que estarían inicialmente en la lógica de apoyar la salida de Acosta Ángeles.

La prórroga para presentar dicha solicitud se debió a que el PRD esperaba dar fe notarial de algunas pruebas y revisar cuidadosamente el texto para no caer en lagunas jurídicas o argumentos poco sólidos que invaliden las instancias jurisdiccionales.

Ayer quedó formalmente instalada la Comisión Jurisdiccional, cuyos integrantes se declararon listos para recibir cualquier demanda de remoción. Los diputados Raúl Nava (PVEM) y Carlo Fabián Pizano (PAN), presidente y vicepresidente de dicha instancia, respectivamente, expresaron que actuarán conforme a derecho y rechazaron cualquier presión o modificación del dictamen final que se elabore.

Frente a la ALDF, un numeroso contingente de perredistas y habitantes de Iztapalapa exigió con pancartas y consignas la salida de Juanito de esa demarcación. Tanto en ese mitin como en una conferencia de prensa posterior, Clara Brugada, ex encargada del despacho en esa jurisdicción; líderes de PRD y PT en esta capital, y diputados locales y federales del sol azteca, dejaron claro que no admitirán una tercera vía en Iztapalapa.

La destitución de Acosta Ángeles y el nombramiento de Brugada Molina al frente de la demarcación, a propuesta del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, es un mandato no sólo de ambos partidos a sus grupos parlamentarios, sino del pueblo de Iztapalapa, detallaron el líder del PRD-DF, Manuel Oropeza, y el diputado federal e integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, Herón Escobar García, ante simpatizantes de una decena de organizaciones, entre ellas la UPREZ, El Barzón y Patria Nueva.

De hecho, representantes de esos grupos sociales firmaron el documento que más tarde Clara Brugada entregó en mano a la presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales, y al priísta Israel Betanzos, integrante de dicha comisión, en el cual, de manera formal pero no legal, pidieron la salida de Juanito.

Se prevé que luego de que se presente la solicitud se reunirá legalmente la Comisión Jurisdiccional para comenzar el análisis sobre la salida de Acosta Ángeles. El argumento es la ingobernabilidad en la demarcación.

El proceso de remoción indica que una vez instalada la Comisión Jurisdiccional llamará a comparecer a los actores políticos involucrados en la crisis para que antes de que termine este mes se tenga un dictamen y se someta a votación en el pleno.

En este contexto, ayer se conoció en el cuartel de trabajo de Clara Brugada que la perredista podría solicitar un amparo por su destitución como directora general de Jurídico y Gobierno.

Según fuentes consultadas, la exigencia de que Brugada dejara su cargo nunca estuvo motivada ni fundamentada como establece la ley, por lo cual se habría incurrido en una violación que daría pie a tramitar dicho recurso.

Manifestaron que, con base en los elementos recabados para promover el amparo, es previsible que la perredista obtenga la protección de la justicia.