l Estado laico hizo posible su arraigo en México y esto no deben olvidarlo. Aunque antes de la Ley de Libertad de Cultos, del 4 de diciembre de 1860, ya existían pequeños núcleos de creyentes protestantes/evangélicos en el país, es la norma promulgada por Benito Juárez la que permite asentarse en la vida pública de la nación a confesiones distintas a la históricamente dominante.

El perfil de las iglesias protestantes que a partir del último tercio del siglo XIX inician su presencia en el país es el de comunidades de creyentes. Es decir, se caracterizan por subrayar el ingreso personal y voluntario a cada organización eclesiástica. Por tanto, son ajenas al corporativismo y dominio cupular de los liderazgos clericales en el interior de las agrupaciones de creyentes. Además las caracteriza una firme convicción en la separación Estado-Iglesia(s), y la aspiración a que la inercia del catolicismo cultural fuese menguando para dar cabida a la vigencia del Estado laico en la vida pública.

Con el tiempo y su notable crecimiento numérico, y un cierto olvido de su génesis histórica en México, las capas dirigentes de los evangélicos se han dejado seducir por la idea de que es posible generalizar sus creencias al conjunto de la población mediante leyes que reflejen valores particulares del evangelicalismo. Por ingenuidad, celo doctrinal válido en el interior de las iglesias, pero que es un desacierto pretender extenderlo al conjunto social, y la tentación constantiniana de concebir al Estado como herramienta para implementar la agenda eclesiástica, ciertos liderazgos protestantes de facto están haciendo causa común con la jerarquía católica para acotar, y hasta revertir, los derechos y las libertades públicas.

Las dirigencias evangélicas, sin distinguir bien el campo de sus creencias particulares sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y los derechos públicos de ellas acerca del tópico, están incurriendo en un error semejante al de las cúpulas clericales católicas: creer que representan la opinión mayoritaria de sus respectivas feligresías. Un cúmulo de sondeos de la opinión pública demuestra que en México son ampliamente mayoritarios quienes están convencidos de la libertad de elegir sobre temas de sexualidad y el control de la fecundidad. Los liderazgos, protestantes y católicos, tienen muy amplios espacios para convencer a los respectivos integrantes de sus comunidades de que deben respetar la creencia de proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Lo erróneo es intentar universalizar esa creencia al conjunto de la sociedad y hacerla obligatoria mediante legislaciones que vedan el derecho de las mujeres a elegir sobre la maternidad.

Es un craso error la aspiración a que el Estado obligue a los ciudadanos y ciudadanas a cumplir por la fuerza lo que las iglesias no han sido capaces de internalizar voluntariamente en sus seguidores. Por otra parte, llama la atención que algunas dirigencias evangélicas, y una mayor parte de las neoevangélicas (caracterizadas por su convicción de infiltrar las estructuras del Estado para que éste implemente su agenda valorativa), padezcan de amnesia y marginen que el discurso católico conservador –ampliamente dominante en el Episcopado mexicano– les sigue tratando con desdén y califica de sectas perniciosas. No pueden, o no quieren, darse cuenta de que la cúpula clerical católica busca afanosamente revertir la laicidad del Estado, y que es precisamente esa laicidad la que garantiza la creciente diversidad de creencias en la sociedad mexicana.

La separación Estado-Iglesia(s) es buena para el Estado, pero lo es más para las iglesias. Se pervierten los objetivos de éstas cuando demandan y presionan para que las estructuras gubernamentales se confesionalicen y, en consecuencia, implementen valores que debieran estar restringidos a las comunidades voluntarias, pero no extendidos a la generalidad de la ciudadanía. La pluralidad que se extiende en el país puede, y debe, convivir bajo el paraguas del Estado laico. No entenderlo así es regresivo y nos coloca en terrenos que la historia del país ha demostrado fueron fértiles para la intolerancia y contrarios a las libertades de conciencia y cultos.

En el asalto que pretende el conservadurismo a la vigencia del Estado laico se juegan derechos que tienen como núcleo la libertad de conciencia. Restringir esta libertad, y atacarla como lo están haciendo algunos liderazgos evangélicos, es simple y llanamente minar uno de los principios que dieron origen a las comunidades protestantes, cuya existencia en el siglo XVI pretendió ser borrada por la Iglesia católica. Al ser comunidades de convicciones, en las que se ingresa y permanece por voluntad, las iglesias evangélicas harían bien si enfocan sus fuerzas a educar en sus propios espacios a sus creyentes. Ya ellos y ellas tomarán sus decisiones privadas y públicas de acuerdo, o no, al cuerpo doctrinal que les han transmitido Pero yerran cuando se dejan encantar con las cuentas de vidrio que les quieren vender como diamantes, cuando abandonan la defensa de la libertad de conciencia y pretenden hacer obligatoria su concepción de lo que es la vida a quienes no la comparten.