El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, aseguró que está dispuesto a regresar a una mesa de negociación con el gobierno federal, siempre y cuando la propuesta de arranque sea una recontratación colectiva de trabajadores, y ésta sea mediante el gremio.

Si se cumplen estas condiciones, yo regreso a Gobernación para sacar un acuerdo y levantar el conflicto. Lo que es inaceptable que se nos proponga que nos convirtamos en proveedores de servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o que levantemos talleres para dar mantenimiento a instalaciones que son nuestra fuente de trabajo, indicó, y agregó que al SME lo que le interesa es regresar a trabajar.

Al responder a la propuesta del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de regresar a una mesa de diálogo, el dirigente del SME expuso que sí habría disposición de hacerlo, pero esto tendría que ser necesariamente a partir de una negociación colectiva y por conducto del sindicato.

Si se cumplen estos dos puntos, claro que me siento otra vez. Las propuestas que de ahí resultaran se llevarían a una asamblea de los trabajadores, sólo así se podría ir avanzando en una solución.

Cuestionado sobre si esta propuesta de diálogo de parte del gobierno federal no la considera falsa, Esparza respondió: puede ser, pero también tiene que ver con el hecho de que el sistema eléctrico de la zona centro del país se les está haciendo pedazos; hay 81 subestaciones muy deterioradas, están en riesgo amplias zonas por la falta de mantenimiento, y en cualquier momento puede venir una caída generalizada del servicio, porque nadie está regulando las cargas y descargas de energía.

Esparza se presentó ayer en un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que dijo que la defensa jurídica del SME se enfocará en demandar la figura de patrón sustituto, para que los trabajadores despedidos sean recontratados por la CFE, ya que está plenamente demostrado que la materia de trabajo no ha desaparecido.

En el encuentro, titulado El impacto de la extinción de Luz y Fuerza del Centro en el servicio público de electricidad y en la vida nacional, también participó el abogado Raúl Carrancá, quien recordó que se aplazó para el próximo 10 de diciembre la resolución del amparo presentado por el sindicato contra el decreto presidencial. Indicó que en el alegato que presentará en nombre de los trabajadores se planteará que si el juzgado ya concedió una suspensión provisional y otra definitiva por la demanda de amparo, la resolución final tiene que ser favorable a los trabajadores, porque no ha cambiado ninguna de las condiciones por las que ya se resolvió inicialmente en favor del SME.

Sostuvo que sería ingenuo pensar que este asunto se resolverá sólo por el lado jurídico, porque está pesando más la cuestión política.

En el encuentro, organizado por la investigadora Leticia Campos, también participó el abogado Manuel Fuentes, quien comentó que el gobierno federal está equivocado al creer que al no presentar la controversia constitucional para revocar el decreto presidencial de extinción se acabó este asunto, ya que todavía queda la parte de demandas individuales y colectivas de los trabajadores del SME, mediante las cuales darán la batalla para la reinstalación.

Esparza había encabezado el lunes pasado otro foro, este en Casa Lamm, acompañado de Manuel Bartlett y de Jorge Cázares, dirigente seccional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde se advirtió que el golpe al SME está dejando la puerta abierta para que el gobierno vaya por otras áreas del sector público, como la educación, el servicio de salud pública y demás.

En este último acto señaló que para 2010 se desapareció la partida presupuestal destinada a cubrir los subsidios a los usuarios domésticos, por lo que a partir de enero los consumidores del Distrito Federal y estados circunvecinos verán duplicarse o triplicarse el pago del servicio.

El asunto del SME no es pues sólo una cuestión laboral, sino de gran impacto y afectación social y económica para el país, concluyó Esparza.