Jalapa, Ver., 3 de diciembre. El Congreso local reformó el artículo 150 del Código Penal de Veracruz para suprimir la sanción de cárcel a quienes aborten. Además, redujo a un máximo de dos años la pena corporal a quienes ayuden a practicar esos legrados.

La Legislatura modificó el artículo 150 del Código Penal del estado que, según la reforma aprobada el 17 de noviembre, imponía una pena hasta de cuatro años de prisión a mujeres que reincidieran en la práctica del aborto.

De esta forma, la Legislatura se enmendó, pues la mañana del jueves se negó a modificar los cambios hechos en noviembre al Código Penal, como sugirió el gobernador Fidel Herrera. En sus observaciones a las reformas del mes pasado, el mandatario propuso que el tratamiento sicológico a personas que aborten fuera opcional, eliminar la pena de prisión y castigar con cárcel de uno a siete años a profesionales de la salud que interrumpan embarazos.

Diputados de oposición al Partido Revolucionario Institucional e incluso algunos priístas argumentaron que antes de atender las observaciones de Herrera debía eliminarse de la Constitución de Veracruz el derecho a la vida desde la concepción.

La diputada priísta Ángela María Pereda propuso la adecuación al artículo, que fue avalada con 34 votos de las bancadas de PRI, Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo y Convergencia.

Sólo el diputado Sergio Vaca, también de Convergencia, sufragó en contra.

La iniciativa de Pereda se discutió en una sesión extraordinaria, pues la presentó después de que se declaró concluida la efectuada durante la mañana, en la cual se rechazaron las observaciones de Herrera. El presidente de la mesa directiva, Leopoldo Torres, convocó a los diputados de nueva cuenta para analizar y votar la nueva propuesta.

El Código Penal ahora estipula: A la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud. Además, a la persona que haga abortar a la mujer con su consentimiento se le impondrán de seis a dos años de prisión, y multa hasta de 75 días de salario.

Previamente, organizaciones civiles se manifestaron en el Congreso local para exigir a Herrera Beltrán y a los legisladores dar marcha atrás a las reformas a la Constitución y al Código Penal locales, que castigan la interrupción del embarazo. En ese momento, el mandatario atestiguaba la entrega de la medalla Adolfo Ruiz Cortines a la historiadora Ida Rodríguez Prampolini.

En entrevista, luego de su participación en la sesión solemne, Herrera aseguró que los manifestantes que rechazan la llamada ley antiaborto tienen sesgos políticos y confunden la gimnasia con la magnesia.

Quien me haya organizado la manifestación está fuera de lugar o no está enterado de que nuestro gran interés es proteger a jóvenes y niñas que pierden hasta la vida por ejercer un libérrimo derecho que yo respeto, dijo el gobernador.