Integrantes de organizaciones sociales, campesinas e indígenas se manifestaron ayer frente a la embajada de Canadá en México para demandar el cierre de las mineras canadienses que operan en el país, pues generan contaminación y destruyen la economía campesina, argumentaron.

Los manifestantes exigieron también que se aclare el asesinato, perpetrado el 27 de noviembre, de Mariano Abarca Roblero, dirigente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. Además de esta entidad, dijeron, las mineras de Canadá operan en San Luis Potosí y Oaxaca.

Martín Velázquez, de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos –integrada por organizaciones no gubernamentales, campesinos e indígenas–, apuntó que la muerte de Abarca Roblero comprueba que estas empresas, en lugar de generar bienestar, contaminan y destruyen, dañan el patrimonio territorial de los pueblos indios, dividen comunidades y corrompen. El resultado es este asesinato. Por eso queremos una explicación de la minera Blackfire, dijo.

Habitantes de Chicomuselo, donde la minera posee la concesión para explotar una mina de barita, llegaron a la embajada en dos camiones; entre ellos venían los cuatro hijos y la esposa de Mariano Abarca, quienes expresaron que la muerte del ambientalista está vinculada con sus protestas contra la empresa canadiense.

Mi padre presentó una demanda contra Luis Antonio Flores Vilatoro, gerente de relaciones públicas de la minera, y Ciro Roblero Pérez, directivo de Blackfire, quienes lo habían amenazado públicamente, explicó Mariano Abarca hijo.

Dijo que el encono se agudizó porque desde junio ejidatarios del poblado Grecia, donde se ubica la mina, instalaron un plantón en la entrada al complejo en demanda de que autoridades ambientales analizaran la contaminación que causaba la empresa.

A partir de entonces Blackfire suspendió sus actividades.

Claudia Sheimbaum, integrante del gobierno legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, informó que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y Soberanía Nacional demanda justicia por el asesinato de Abarca Roblero y que se brinde protección a los compañeros que luchan contra las mineras.

En una misiva dada a conocer ayer en Tuxtla Gutiérrez, Amnistía Internacional pidió a las autoridades estatales y federales que protejan de inmediato a la familia de Abarca Roblero, a los testigos de su homicidio y a los integrantes de la Rema, pues han recibido amenazas, argumenta.

AI recordó que en el momento del ataque Abarca Roblero estaba frente a su casa, en Chicomuselo, con un vecino integrante de la Rema, quien resultó herido.

Ante la evidencia de nuevas amenazas contra los activistas, AI instó a las autoridades a realizar una investigación detallada e imparcial sobre el asesinato y garantizar que los resultados se publiquen y los responsables sean llevados ante la justicia.