Entre enero y junio del presente año fueron asesinadas 459 mujeres y niñas en 16 estados del país. El 53 por ciento tenían entre 11 y 40 años y sólo 2 por ciento de los victimarios han recibido sentencia, lo cual refleja la enorme impunidad que existe en estos delitos, según el primer reporte semestral 2009 del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), basado en estadísticas oficiales de las procuradurías estatales de justicia.

El reporte semestral, el cual se realiza desde 2007, denuncia también un grave retroceso en el acceso a la información pública, pues algunos estados, como Oaxaca y Morelos –que anteriormente habían proporcionado datos– ahora han asumido una actitud de rotunda negativa. Otras entidades como Baja California, Coahuila, Chihuahua y el Distrito Federal reportan datos incompletos a las solicitudes de información por medio del sistema de transparencia. Ya se le envío una carta de extrañamiento, aunque aún no hay respuesta.

Las procuradurías estatales ocultan datos

En conferencia de prensa para presentar el reporte, el cual forma parte de una investigación más amplia denominada Una mirada al feminicidio en México, María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derechos a Decidir, alertó que hay una clara tendencia de las procuradurías estatales de justicia a ocultar los datos sobre asesinatos violentos contra mujeres y niñas, además de que muestra el vacío de información en las investigaciones de estos hechos.

Es evidente, dijo, que hay una enorme contradicción entre el discurso oficial de protección a las mujeres, y los hechos.

Aseguró que no existen cifras confiables y completas que permitan conocer la magnitud de los asesinatos violentos contra mujeres, pero estimó que cuando menos el número de feminicidios cometidos en todo 2009 será de unos 2 mil.

El informe exhorta a los estados a que sus respectivas procuradurías de justicia conformen una base de datos única de los feminicidios, en la que se incluyan múltiples variables, como edades de las víctimas, ocupación, causa de muerte, lugar donde se encontró el cuerpo, relación víctima-victimario y nivel socioeconómico, entre otros.

Además se recomienda que de acuerdo con los estándares internacionales se elabore y aplique un protocolo para la investigación que contemple un mecanismo de sanción hacia los servidores públicos que cometan violencia institucional contra las mujeres.