En el pleno del Senado, el PRD denunció ayer el intento de albazo de legisladores priístas y panistas, quienes pretenden aprobar con celeridad la iniciativa presidencial que crea la ley de asociaciones público-privadas.

Con dicha norma se pretende flexibilizar los requisitos para que el gobierno otorgue a empresas nacionales y extranjeras contratos hasta por 50 años para la prestación de servicios de la más amplia naturaleza en todas las dependencias y entidades de la administración pública federal.

La iniciativa que reforma diversos ordenamientos fue enviada a Xicoténcatl por Felipe Calderón el pasado 10 de noviembre, y los presidentes de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público, el priísta Eloy Cantú y el panista José Isabel Trejo, respectivamente, ya tienen listo un proyecto de dictamen que aprueba prácticamente en sus términos la propuesta del Ejecutivo.

En tribuna, el perredista Jesús Garibay García denunció ayer que de manera sorpresiva se citó a reunión a los integrantes de las comisiones dictaminadoras, con el propósito de aprobar la nueva ley, que no es otra cosa que entregar por la puerta de atrás los bienes nacionales.

Reveló asimismo que desde la Secretaría de Gobernación se pidió a los legisladores no quitar ni una coma a la iniciativa del Ejecutivo, lo que no es aceptable –dijo–, y tampoco que se pretenda avalar el atraco a los bienes nacionales.

El priísta Eloy Cantú no quiso hablar del tema, pero todo el día trató de lograr que se reunieran las comisiones, ya que el plazo para entregar dictámenes vence el próximo lunes 7; los que no se presenten en esa fecha ya no se aprobarán en este periodo de sesiones.

Además de crear la ley de asociaciones público-privadas, la iniciativa de Calderón reforma, deroga y adiciona las de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la de Expropiación, la Agraria y la General de Bienes Nacionales, así como el Código Federal de Procedimientos Penales.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo reconoce que la pretensión central es flexibilizar al máximo el marco jurídico que rige la contratación en el sector gubernamental, para que la iniciativa privada –nacional y foránea– incursione en todo tipo de obras y servicios públicos, que le serán dados a través de concesiones, autorizaciones o permisos.

Asimismo, reconoce que ese esquema de asociaciones público-privadas se ha venido utilizando desde abril de 2004 para el desarrollo de proyectos de infraestructura hidráulica, autopistas, puentes y rellenos sanitarios.

Un estudio elaborado por la fracción del PRD advierte que con ese ordenamiento, en los hechos el Estado abandona sus funciones en favor de un particular, el cual está motivado por la ganancia.

Los contratos son laxos en cuanto a los mecanismos de financiamiento, pero estrictos por lo que se refiere a la obligación de que se mantengan para el periodo que fueron firmados, aun cuando los servicios que ofrecen no sean los adecuados.

Además, en caso de deficiencias en el desarrollo de la infraestructura o la prestación del servicio, el Estado permanece como garante. Y si el particular o la empresa experimentan pérdidas o abandonan el contrato, la penalidad que se le impone no compensa el daño causado.