Mujeres de siete estados en los que se han aprobado reformas antiaborto recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues consideran que dichos cambios violentan sus garantías fundamentales.

Son 860 ciudadanas las que demandan al Estado mexicano por discriminación y violencia ejercida desde las instituciones gubernamentales, informó María Luisa Sánchez Fuentes, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Sobre el caso, Magdy Martínez Solimán, representante en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que penalizar, criminalizar o tipificar como si fuese un delito algo que es un derecho, lleva a los callejones oscuros, a las clínicas ilegales, a las prácticas riesgosas y a la autointervención, sobre todo de las mujeres más pobres.

En conferencia de prensa, en la que también estuvieron presentes integrantes de la organización Litiga, Martínez llamó a legisladores y gobernadores a no mandar a más mujeres a la cárcel y pugnar porque México se siga manteniendo entre los países modernos que respetan los derechos femeninos y conserve el alto nivel de compromiso internacional.

Remarcó que la recomendación 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) en su informe periódico de México número 36 señaló que ve con preocupación que el aborto es una de las causas principales de defunciones relacionadas con la maternidad. Por eso, pide a México que armonice la legislación relativa a la interrupción del embarazo en niveles federal y estatal y aplique una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios seguros en circunstancias previstas en la ley.

Martínez Solimán agregó que estas recomendaciones son claras y criticó que con la penalización del aborto se retroceda 15 o 20 años.

Remarcó que las entidades federativas, de las cuales 17 han aprobado reformas en contra del aborto, deben resolver el problema, y lo pueden hacer volviendo al pasado; un pasado que trajo mala salud, dramas familiares, juventudes perdidas y sin aportar soluciones, o mirando al futuro y apoyando la libertad de elección de las mujeres.

Sobre la posibilidad de que grupos conservadores promuevan una reforma a la Constitución federal para proteger la vida desde la concepción, consideró que eso sería un retroceso impensable.