La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que Minera San Xavier ha retirado alrededor de 41 por ciento de su material explosivo que tenía almacenado en la mina de oro y plata que explotaba en el cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Sin embargo, la autoridad ambiental no informó si la compañía trasnacional le ha hecho entrega del Programa técnico de reparación de daños ambientales que debería haberle proporcionado en un plazo de diez días, el cual venció el 2 de diciembre.

Según esta dependencia, y de acuerdo con el acatamiento de una de las medidas dictadas el 18 de noviembre por la delegación de la Profepa en San Luis Potosí, Minera San Xavier ha retirado 41 por ciento del material explosivo que tenía almacenado en dos polvorines que estaba explotando en el lugar.

De acuerdo con información proporcionada por esta instancia, el retiro del material peligroso se efectuó ante la mirada y supervisión de inspectores de Profepa y con las medidas de seguridad establecidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con los elementos que comisionó para esta gestión.

Agregó que la recolección y retiro de los explosivos quedaron asentados en el acta que se levantó con motivo de esta visita de inspección que Minera San Xavier, mediante su representante legal, había solicitado el 30 de noviembre y en la que había pedido la presencia de la Profepa para que verificara el retiro del material explosivo.

El material transportado el pasado 1º de diciembre en vehículos de Sedena fueron 37.5 toneladas de bajo explosivo (nitrato de amonio y diesel), 3.5 toneladas de alto explosivo, 5 mil 77 piezas de iniciadores y 31 metros de conductores (cañuela).

El retiro de los explosivos de Minera San Xavier fue ordenado por la Profepa tras la visita de inspección realizada el pasado 18 de noviembre, la cual se dio luego de que cinco días antes la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acatara la resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de declarar sin efecto la autorización condicionada en materia ambiental otorgada a la trasnacional canadiense para explotar las minas, lo cual derivó en la clausura parcial temporal de las actividades de explotación minera a tajo abierto en el cerro de San Pedro.