stamos por presenciar la comedia anual sobre la definición de los salarios mínimos. Se repetirán los mismos movimientos en los denominados sectores productivos; por un lado, un sindicalismo falso que ignora las necesidades de los trabajadores que dice representar, y por el otro abogados empresariales que participan con la consigna de dar lo menos posible repitiendo los estribillos de cada año: necesitamos preservar la planta productiva, no nos desboquemos, seamos responsables. Llegarán y partirán como siempre con la sonrisa en la boca, el modelo de los automóviles de unos y otros dará cuenta de su condición económica. La representación obrera propondrá 10 por ciento para negociar; al final, sostendrá que han decidido sacrificarse por el país y en el mejor de los casos firmarán bajo protesta. La parte patronal propondrá algo similar al 3 por ciento, y en el último acto, conforme a la imposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el aumento será fijado entre 4 y 5 por ciento. Concluida la tarea, todos juntos muy sacrificados se irán a la posada en turno.

En años recientes, el gobierno ha sostenido que la fijación de los salarios mínimos debe ajustarse a la inflación esperada para el siguiente año. Atendiendo a la información aportada por el Banco de México la semana pasada, la misma asciende a 5.25 por ciento para 2010; luego entonces, el aumento no deberá ser menor a este porcentaje. Aun suponiendo que los datos de la banca mayor fueran certeros, todo indica que el gobierno federal, utilizando argumentos distintos, defenderá un incremento menor. Basta observar los datos que ha manejado en algunos medios, entre ellos el Congreso de la Unión, donde sostuvo que la inflación esperada para el próximo año sería ligeramente superior a 3 por ciento. El tema salarial es de gigantesca importancia, porque de él depende en buena parte la calidad de vida de la población; no se trata de 1 o 2 por ciento en disputa, sino de una definición básica del gobierno federal en materia económica.

Desde hace casi 30 años se ha venido sacrificando el salario en función de promover la inversión; el año pasado, por ejemplo, se reconoció una inflación de 6.53 por ciento y se otorgó a los salarios mínimos un incremento de 4.6 por ciento promedio. En consecuencia, quedó pendiente un adeudo de alrededor de 2 por ciento, que equivale ni más ni menos a una pérdida de 40 por ciento del aumento otorgado. Estos diferenciales acumulados nos llevan a una trágica realidad: hoy el salario mínimo es de 54.80 pesos diarios en la zona geográfica central. Una ama de casa obligada a administrar este precario presupuesto con lista en mano argumentaría que en semanas recientes el huevo subió de 10 a 19 pesos, el aceite de 13 a 23, el frijol de 15 a 23 y el azúcar de 12 a 19 pesos. Para ella, los datos del Banco de México salen sobrando. Ésta es la realidad cotidiana.

Una interrogante de contenido ético y social fundamental que debemos plantearnos es si con 54.80 pesos diarios, incrementados con dos o tres pesos más para el próximo año, una familia puede cubrir sus necesidades más elementales. Es un grave error considerar que el salario es una simple variable económica, pues es el medio con el que se busca salir adelante en el orden personal y familiar. Si bien dicho ingreso lo recibe un porcentaje menor de la población, el promedio nacional es ligeramente mayor a los tres salarios mínimos y su porcentaje de incremento constituye una referencia para el resto de los salarios del país, incluyendo los contractuales. No se trata entonces de un tema marginal que pueda ser minimizado, sino de un instrumento fundamental de justicia económica y social.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en reciente informe ubica a México entre los países con mayor caída en este tema junto con Sudáfrica, Tailandia, República Checa, Camboya, Burkina Faso, Ucrania y Panamá. La OIT informa que mientras los sueldos se incrementaron a escala mundial entre 1.4 y 4.3 por ciento en los pasados dos años, en México se generó una reducción del orden de 3.5 por ciento. Por ello plantea que nuestro país debe modificar su política de incremento a los salarios mínimos proponiendo entre 8 y 10 por ciento de aumento inmediato.

La mejora salarial ha sido producto de decisiones políticas de los gobiernos que han dado buenas cuentas en materia económica a su población, aun en tiempo de crisis, son los que han entendido que una política salarial robusta es elemento clave para fortalecer el mercado interno, para crecer y cumplir con mínimas exigencias de justicia. Son los que no han caído en la trampa de erosionar el salario por razones inflacionarias o de falso impacto en la planta productiva. Hoy más que nunca hay que escuchar a la OIT; obviamente no se proponen incrementos desbocados, sino un programa de recuperación sostenido, apoyando a los sectores productivos de la pequeña y mediana empresa con elementos compensatorios cuando así se requiera. Ésta es la política que necesita nuestro país de manera urgente, so pena de seguir acumulando la creciente inconformidad de la población, condenada a vivir cada vez peor, sobre todo con las medidas fiscales recientemente aprobadas y la cascada de incrementos que están por venir.