El juzgado primero en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte, dictó orden de arraigo contra las 25 personas detenidas en el operativo realizado en el hospital Santo Tomás Los Elegidos de Dios, donde explotaban laboral y sexualmente a indígenas e indigentes, mientras la Procuraduría de Justicia de esta capital (PGJDF) informó que 11 de ellos tienen antecedentes penales, nueve de los cuales tienen ingresos a reclusorios por delitos que van de robo agravado a homicidio.

Quienes están en este último supuesto son: José Antonio Villa Ramos, presunto administrador del centro de rehabilitación, quien, acusado en cuatro ocasiones por robo, estuvo preso en los reclusorios Norte y Oriente; Adán Pérez Rebollo y Jesús Sandoval Contreras fueron acusados de homicidio; Joel Antonio Badillo Paredes, José Alfredo Trejo Raja, Roberto Carlos Torres López, Noé Soto Gil, Adrián Rivas Torres, Ismael Reyes Pérez, Raúl Reyes Paredes y Cristóbal David Hernández Barragán, tienen también antecedentes penales.

El juez Manuel Alvarado Lara dictó arraigo de los implicados por 30 días, periodo en el cual la PGJDF deberá integrar las pruebas que demuestren la relación de los inculpados con la explotación laboral de 105 indigentes e indígenas, quienes eran obligados a elaborar pinzas para ropa y armar bolsas para almacenes, sin un pago de por medio y en condiciones precarias.

A la par, el titular de la policía de investigación, Mario Izazola, reveló que de las personas rescatadas únicamente 30 por ciento tenían problemas de alcohol y drogas; las demás no tenían ninguna situación para estar ahí a la fuerza.

Dijo que aún falta que la PGJDF revise los convenios que ese centro de rehabilitación tenía con Liverpool y la maquiladora de pinzas, pues no han exhibido mayor documentación.

Oaxaqueños, 10% de niños y adultos callejeros en el DF

Por otra parte, Juan Martín Pérez, presidente de la organización civil El Caracol, señaló que 10 por ciento de los niños y adultos callejeros que radican en la ciudad de México son de origen oaxaqueño.

Comentó que el hallazgo de 105 personas cautivas en un supuesto centro de rehabilitación en Iztapalapa no es un asunto nuevo y evidencia la complicidad de las autoridades del gobierno capitalino con las redes de delincuentes.