l 28 de noviembre pasado el municipio autónomo de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, fue agredido en tres frentes simultáneos. Mientras la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) cerraba la única entrada a la cabecera, otros grupos armados apostados en los cerros que lo rodean comenzaron a disparar indiscriminadamente sobre la población. El saldo inmediato de la agresión fue un niño muerto, dos heridos, suspensión de clases en las escuelas y del mercado que se celebra todos los lunes, que el municipio autónomo había logrado restaurar después de años de no poder realizarse. A ello había que agregar el clima de zozobra en que vive ahora la población: niños que prefieren encerrarse en sus casas porque otra vez parece que estamos en guerra, hombres que tienen que salir escondidos en camionetas y mujeres que quisieran abandonar la región pero no lo hacen porque corren el riesgo, dicen, de que sus compañeras o compañeros las miren como cobardes o, en el peor de los casos, traidoras.

El cerco al municipio en la región fue en dos frentes: político y militar. Pero hubo otro, que al parecer era el centro de la acción, y consistió en una campaña de desinformación que funcionó como cortina de humo. En la prensa estatal varios diarios, sin acercarse a la región a ver lo que estaba sucediendo, difundieron la especie de que ese día era desmantelado el municipio autónomo. Uno de ellos incluso dijo que el día de la agresión, momentos antes de que el sol se mostrara en el horizonte, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), bajaron de los cerros disparando más de 500 balas de AK-47, arma exclusiva de uso del Ejército. El municipio autónomo que duró casi tres años en San Juan Copala vio llegar su fin cuando ayer a las tres de la tarde, el pueblo, de manera unánime, se reunió para festejar la caída de la autonomía y además, eligió a su autoridad constitucional. Según el diario la nueva autoridad nombrada era nada menos que Anastacio Juárez Hernández, un migrante que vive en el estado de Querétaro, hermano de Rufino, el operador de la Ubisort ante el gobierno estatal.

¿De donde salió la información? A ciencia cierta no se sabe, pero es fácil deducirlo, por su contenido y su falta de relación con los sucesos de la región. Dos días después, cuando ya el municipio autónomo había aclarado que sus autoridades seguían en sus cargos, que no había habido elección de nada y que lo que en realidad sucedió ese día fue una fuerte agresión, todavía los diarios seguían insistiendo en que el municipio autónomo se había desmantelado. El MULT desmintió la versión del municipio autónomo de que ellos participaron en la agresión militar, pero no la difundida por esos diarios. Nada se decía en esa prensa del niño muerto durante la agresión, ni de los heridos, ni del estado de zozobra en que vive la gente. Frente a estos hechos los habitantes del municipio autónomo parecen tener muy claro quiénes son los agresores, y lo dicen abiertamente; lo que no se explican es la saña de disparar abiertamente contra todos los habitantes, asesinando niños inocentes, al tiempo que se arma una campaña de desprestigio a escala estatal.

Si la mano de los grupos políticos estatales está detrás de la agresión, como parece ser, la explicación de sus causas no puede estar sólo en las dinámicas de confrontación de las organizaciones que operan en la región y había que buscarla fuera. Una puede ser la confrontación dentro del gobierno por la sucesión gubernamental, lo cual tendría lógica si se toma en cuenta que no sólo los triquis han sido agredidos: en esos días fue encontrado muerto Leonardo Clemente Cruz, indígena chinanteco que había sido secuestrado el 24 de noviembre. No es muy lógico pensar que el gobierno esté cometiendo actos desestabilizadores en época de precampañas, a menos que sea para culpar de ellos a otros inconformes de su grupo, aunque tampoco se descarta que algunos de estos últimos lo haga para inculpar al gobierno y negociar en otra posición. Aquí podría ubicarse a los que fuera y dentro del gobierno comienzan a pedir la intervención del Ejército, olvidando los sufrimientos que esta medida trajo a las comunidades triquis durante las décadas de los setenta y ochenta.

Desde un ángulo más amplio puede constatarse que la agresión no es sólo contra los triquis, sino contra todos los que luchan por la autonomía. En esos mismos días el gobierno de Chiapas difundió falsamente que las juntas de buen gobierno estaban pidiendo atención estatal y el Congreso del estado se apresuró a formar una comisión para atender la petición. El teatro se cayó cuando las juntas de buen gobierno desmintieron que hubieran hecho tal cosa. Algo está sucediendo. Algo que todavía no alcanzamos a ver o entender, pero que seguramente en los días por venir seremos testigos de ello. Mientras, la vida de los pueblos se altera, como en tiempos de guerra, según dicen los triquis y seguramente también otros pueblos.