omo cada año, desde hace cuando menos 27, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se apresta a violar la fracción VI del artículo 123 constitucional y la propia ley que le da sustento. En unos días más, los ansiosos mexicanos conocerán el dadivoso incremento al mini ingreso aprobado por el consejo de representantes (gobierno, patrones y líderes obreros) de dicho organismo, cuyo titular, Basilio González Núñez, modestamente recibe un sueldo diario equivalente a 142 salarios mínimos del área geográfica A, es decir, 7 mil 770.51 pesos cada 24 horas, prestaciones incluidas.

La fracción VI del 123 constitucional claramente estipula que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…” Eso ordena la Constitución, pero la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene su propia versión: cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.

En cualquiera de los casos, la citada comisión incumple y viola la ley (con la Constitución y con aquello de equidad, justicia y dignidad), amén de que sea en temporada de vacas gordas o de flacas el mini ingreso resulta insignificante. Sólo para dar una idea, de 1982 a 2009 la inflación oficial acumulada es de 48 mil 284.52 por ciento (Banco de México) y en igual periodo el aumento al salario mínimo ha sido de 19 mil 50 por ciento, es decir, la inflación ha crecido a un ritmo 2.53 veces mayor al del mini ingreso.

Por lo anterior, sólo para recuperar el poder adquisitivo que el salario mínimo tenía el primero de enero de 1982, en igual día pero de 2010 el mini ingreso promedio diario tendría que ser de 135.48 pesos, y no –como todo apunta– de 55.5 pesos cada 24 horas (si es que la dadivosidad del consejo de representantes se traduce en 4 por ciento de aumento), lo que ni de lejos respeta la instrucción constitucional, ni mucho menos propicia equidad y justicia con respeto a la dignidad del trabajador y su familia.

La circunstancia descrita no tenía por qué modificarse en los tiempos del presidente del empleo. Así es: de 2006 a 2009, para vivir mejor, el aumento (por llamarle de alguna forma) al salario mínimo acumula 12.98 por ciento, mientras en igual periodo la inflación oficial (Banco de México) ha sido de 14.08 por ciento, lo que se traduce en mayor pérdida al de por sí destrozado poder adquisitivo del ingreso. Sólo para retomar el poder adquisitivo que el mini ingreso tenía cuando llegó a Los Pinos el del haiga sido como haiga sido, a estas alturas el salario mínimo promedio diario tendría que ser de 57.87 pesos, y no de 53.34 pesos como en realidad es.

Cuando se trata de aumentar precios y tarifas, gobierno y empresarios mexicanos se dan vuelo, y de inmediato aducen la necesidad, por razones competitivas, de igualar los que se cobran internamente con los de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, pero cuando el tema es salarial entonces sacan el microscopio, la igualdad se esfuma y el principal socio comercial desaparece del mapa. Vale mencionar que en el vecino del norte el salario mínimo ronda el equivalente a 667 pesos diarios, es decir, una diferencia cercana a 12.5 tantos con el prevaleciente en México.

El consejo de representantes (integrado por heraldos gubernamentales, empresariales y de la representación obrera corporativa) sesiona y analiza (versión oficial) para llegar a un acuerdo y decidir la magnitud del incremento al mini ingreso para 2010 (con el aumento obsequian una lupa). No es novedad, pero en los corrillos se menciona que la dadivosidad tripartita será de entre 4 y 5 por ciento, en el mejor de los casos. Así, para el segundo año del catarrito el mini ingreso avanzaría entre 2.13 y 2.66 pesos por día.

Una vez difundida la buena nueva, ni tardo ni perezoso brincará a la palestra el representante de la patronal (con coros de los líderes obreros corporativos) para afirmar que ya casi nadie gana el salario mínimo en el país; tal vez 640 mil personas, o menos; además, el salario mínimo es un indicador que sólo sirve para cuantificar las multas, pero como siempre la propia estadística oficial lo desmentirá. Por ejemplo, al cierre del tercer trimestre de 2009, el Inegi documentó que casi 6 millones de trabajadores obtienen hasta un salario mínimo, es decir, poco más de 12 por ciento de la población ocupada. Si cada uno de ellos es cabeza de familia, entonces de este indicador para las multas dependen alrededor de 25 millones de mexicanos.

Pero el problema del indicador para multas, según la sensible percepción de la patronal, es mucho peor. Tomemos la propia estadística gubernamental: de acuerdo con las estimaciones del Coneval con base en la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2008, 50.6 millones de mexicanos, 47.4 por ciento del total de los habitantes del país, vivían en pobreza de patrimonio. Esto significa que, en promedio, cada persona en el interior de estos hogares tuvo un ingreso total inferior a mil 905 pesos mensuales en el área urbana y menor a mil 282 pesos en el área rural, lo cual les impediría adquirir sus requerimientos básicos de alimentación, de salud, de educación, de vestido, de calzado, de vivienda y de transporte público, aun si el total de sus ingresos lo dedicasen exclusivamente a satisfacer esas necesidades.

Si se toma el promedio del salario mínimo 2009 y la perspectiva para 2010, entonces no cabe duda que las decisiones del consejo de representantes son un acicate a la pobreza, toda vez que el mini ingreso resulta 16 por ciento inferior a la percepción fijada por el Coneval como frontera para la inopia (mil 905 pesos mensuales). Por lo demás, con salarios de hambre ¿cómo suponen que reactivarán el mercado interno?

Las rebanadas del pastel

Tan efectivo y expedito es el aparato de justicia en el país que, tras seis meses sin resultado alguno, los padres que perdieron a sus hijos en la Guardería ABC de Hermosillo, subrogada por el IMSS, contrataron peritos estadunidenses de la empresa The MxMullen Company de California para efectuar nuevos estudios en las instalaciones siniestradas. Eso sí, la siempre rauda PGR ha informado que tiene pendientes 15 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, pero que como ya está aquí el Lupe-Reyes, pues quién sabe para cuándo.

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