Durango, Dgo. 7 de diciembre. Con la premisa de que se requieren reformas fiscales para dar viabilidad financiera al país, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó impulsar, conjuntamente con el Congreso de la Unión, una nueva Convención Nacional Hacendaria. La caída de los precios del petróleo, su impacto fiscal y la reducción en la captación de impuestos son algunos de los factores que deben revertirse y encontrar alternativas.

En la 37 reunión de la Conago, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, subrayó que el detonante que convenció a los mandatarios estatales de la necesidad de impulsar la convención hacendaria, fue la forma en que se aprobó el paquete presupuestal en el Congreso de la Unión. Es imperativo –dijo– realizar esfuerzos para consensuar opciones que fortalezcan las finanzas públicas y reduzcan la dependencia que tienen los gobiernos estatales de las participaciones federales.

Durante su intervención, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont –único representante del gobierno federal– admitió que en el tema hacendario existen situaciones que exigen mecanismos más estables y previsibles para financiar el gasto público. Consideró que se requiere de mayor serenidad en las discusiones fuera de las coyunturas.

Al reconocer la necesidad de cambios en materia fiscal, el titular de la Secretaría de Gobernación agregó que existen otros requerimientos en el manejo presupuestal que pasa por mayor transparencia en el ejercicio de los recursos. Sin embargo, puso énfasis en que la rendición de cuentas no puede ni debe pasar por la supervisión hostil, sino por órganos profesionales que permitan garantizar el uso honesto de los recursos.

El gobernador de Durango, Ismael Hernández, destacó la magnitud de la crisis económica en el país, pues ninguna nación resintió más la recesión en Estados Unidos, debido al intercambio comercial que existe; ninguna registró la caída en su producción petrolera y en sus ingresos como México. De ahí la importancia de implementar reformas que eviten en el futuro que esta situación se repita.

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís, pidió a los gobernadores la eliminación de la tenencia vehicular para alentar el mercado interno de automóviles. Subrayó que la crisis aún no ha terminado y destacó que, en su caso, la industria tiene 15 meses de caída libre en su mercado.

La respuesta de Reyes Baeza, presidente de la Comisión de Hacienda de la Conago, fue casi inmediata. En rueda de prensa para anunciar el respaldo a la realización de la convención hacendaria, aseguró que en el contexto actual es inviable para las entidades deshacerse de un impuesto que tiene una evidente derrama estatal.

El gobernador dijo que la crisis económica golpea no solamente al sector privado, sino también al público, por lo que anular este impuesto, en el contexto actual, colocaría a los gobiernos estatales en riesgo de no cumplir sus objetivos. La crisis económica ha tenido un severo impacto en las finanzas federal, estatales y municipales, que han reducido el margen de maniobra.

Destacó que el debilitamiento de las finanzas públicas de estados y municipios se resentirá aún más el año próximo, toda vez que en 2009 se logró, a iniciativa de la Secretaría de Hacienda, un esquema de bursatilización de los recursos del fondo de estabilización, potenciar 13 mil millones de pesos de los estados hasta ubicarlos en 42 mil millones de pesos.

Durante su participación en la plenaria de los gobernadores, dijo que es insoslayable el impacto que ha tenido la caída de la producción petrolera. Rechazó que la intensa actividad electoral que habrá en 2010 pueda detener la convocatoria a la convención, puesto que estimó inaplazable el debate fiscal para dar viabilidad al país, por lo que los actores políticos deberán hacer a un lado los intereses electorales.

La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, Jacqueline Peschard, presentó a los gobernadores un esquema de homologación para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia informativa. En entrevista, lamentó que haya 10 estados, además del gobierno federal, que no han adecuado sus legislaciones a la reforma constitucional en materia de acceso a la información.