Tras conocer el informe de Amnistía Internacional, el gobierno federal justificó el uso de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, y dijo que aquellas participan de manera subsidiaria y temporal, a petición fundada y motivada de las autoridades civiles.

Sin embargo, admitió las consecuencias que la intervención de las fuerzas armadas pudiera generar en el contacto con la ciudadanía, por lo que se han adoptado medidas para prevenirlas, señaló la Secretaría de Gobernación en un comunicado.

La dependencia indicó que analizará el informe de AI con detenimiento, y en su momento formulará las consideraciones puntuales y pertinentes.

Durante los años recientes, agregó, en México se han logrado avances sin precedentes en la protección y promoción de los derechos humanos, fundamentalmente en la modernización del marco legal.

La seguridad de la población es condición necesaria para el desarrollo y la protección efectiva de los derechos humanos. Con el objetivo de recuperar la paz y tranquilidad de toda la población, el Ejecutivo decidió, mediante el uso legítimo de la fuerza, rescatar los espacios públicos que habían sido tomados por la delincuencia, aseveró.

En México, subrayó, los elementos castrenses que cometen delitos son procesados y sancionados conforme a derecho. Por otra parte, argumentó, la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado la totalidad de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El dirigente del PAN, César Nava, defendió ayer la actuación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico: su desempeño se apega a derecho, pero si hubiera algún caso en el que se acreditara alguna violación a las garantías individuales, se debe proceder conforme a la ley, subrayó.

Puntualizó que extrapolar o generalizar una historia de desprestigio contra el Ejército y pedir su retiro de las calles equivale a hacerle el juego al crimen organizado.