Para el gobierno de México el tema de Florence Cassez fue concluido después del minucioso examen que realizaron los juristas de la comisión binacional –creada ex profeso– durante más de tres meses, señaló ayer la embajada mexicana en Francia.

Luego que familiares y simpatizantes de Cassez efectuaron una manifestación para pedir su liberación, frente a la representación de México en París, esta última insistió en que no hay condiciones que permitan el traslado de la francesa a su país. Ello debido a que las diferencias existentes entre los sistemas jurídicos de las dos naciones impiden que cumpla plenamente en su tierra de origen la pena aplicada de más de 60 años.

En un comunicado, señaló que para México es condición primordial la ejecución de la totalidad de la pena, ya que la ley no permite que en casos de delitos graves como el de secuestro haya beneficios preliberatorios o disminución de sentencias. La misión diplomática dijo además que el Convenio de Estrasburgo de ninguna manera impone al Estado requerido –en este caso México– consentir una solicitud de traslado.

Resaltó que Cassez fue detenida y juzgada conforme a derecho y condenada en primera y segunda instancias por delitos particularmente graves, como privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación y posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, aseguró que el titular de esta dependencia, Genaro García Luna, no tiene secuestrada a la francesa ni la sentenció por los plagios cometidos, sino que fue juzgada y encontrada culpable.

“Cassez tuvo la oportunidad de un proceso y de un juicio. En una primera instancia fue sentenciada, luego también en una segunda; se le dio la oportunidad de un amparo y lo perdió, en ese sentido ella tuvo muchas más ventajas que la que tuvieron las víctimas que se liberaron el día del operativo” en que fue detenida en diciembre de 2004.

Pese a que en Francia familiares y abogados de Cassez reavivaron sus acciones de protesta e incluso consiguieron el respaldo de diputados y ediles franceses, los inconformes no han hecho algo para impugnar ante un tribunal colegiado de México la sentencia de 60 años de cárcel que enfrenta.