Querétaro, Qro., 9 de diciembre. El caso de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), está cerrado porque ya se presentaron conclusiones acusatorias en su contra, consideró la delegada estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), Norma Patricia Valdés Argüelles.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez dio a conocer que el Ministerio Público federal con sede en Querétaro pidió 40 años de cárcel para Teresa y Alberta.

Miembros de la organización no gubernamental han denunciado que el caso de ambas mujeres ñañús es una injusticia similar a la cometida contra Jacinta Francisco Marcial, procesada por las mismas acusaciones y quien obtuvo su libertad en septiembre.

En entrevista, Valdés Argüelles sostuvo que Alberta Alcántara, lideresa del tianguis de Santiago Mexquititlán, y Teresa González, incitaron a lugareños a agredir a agentes federales el 26 de marzo de 2006, durante un decomiso de productos piratas.

Señaló que la defensa no logró desvirtuar en los careos su responsabilidad, por lo cual la PGR ratificó sus acusaciones.

Recordó que la defensa de las acusadas no presentó testigos de que ellas no participaron en el incidente, como sucedió con Jacinta Francisco.

En el caso de Jacinta surgió la duda porque un testigo que la había reconocido ya no acudió (a ratificar sus declaraciones), pero en el caso de Teresa y Alberta no surgió duda alguna y la defensa no logró presentar un testigo que desvirtuara su culpabilidad. La PGR, agregó, respetará la sentencia contra las acusadas.

El organismo consideró que esto es una injusticia, pues en Santiago Mexquititlán no se cometió un secuestro de agentes federales, sino que se trata de una acción de represalia contra las indígenas por no tolerar los abusos de diversos servidores públicos.

Alberta y Teresa están internadas en el Centro de Readaptación Social de San José El Alto desde el 3 de agosto de 2006, acusadas de privar de la libertad a seis elementos de la AFI.

En marzo de 2006, durante la mencionada operación contra la venta de productos apócrifos, los agentes se presentaron en la comunidad vestidos de civil y destrozaron mercancía de vendedores, lo que molestó a lugareños.