l gobierno de Felipe Calderón sabe bien el trabajo que cuesta reconstruir, pues el propósito de muchas de sus decisiones ha sido enmendar las consecuencias de las pifias de su antecesor. Los procesos de la administración pública, la continuidad de instituciones fundamentales para el funcionamiento del país, incluso la política exterior, sufrieron una disrupción significativa durante el periodo 2000-2006, y no precisamente por las buenas razones. En esta materia Vicente Fox se dejó guiar por sus prejuicios ideológicos y por deseos de venganza contra el PRI. De ahí, y por la desesperación mercadológica de ofrecer productos novedosos, su decisión de mochar el águila nacional, o pintar con los colores del arco iris la publicidad de su gobierno.

Sin embargo, nada es gratis. Por ejemplo, los altísimos costos de las políticas de seguridad pública se explican porque Fox, por ignorancia, desidia o dejadez, prefirió no decidir al respecto, y la pasividad destruyó lo que había o agravó los problemas. Este antecedente y el esfuerzo que ha hecho la actual administración por levantar algunas de las ruinas que encontró sugerían que no habría más destrucción institucional. Sin embargo, la propuesta del Inegi para el Censo de 2010 apunta en otra dirección.

Aludiendo razones presupuestales, el Inegi, que es el eje de articulación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ha formulado un cuestionario para el Censo de Población y Vivienda de 2010 que modifica el que se aplicó en 2000, y deja fuera información muy valiosa para el conocimiento de la realidad social de nuestro país y para la planeación de políticas de gobierno. En un documento resultado de una discusión con representantes del Inegi que tuvo lugar el 17 de noviembre, y firmado por 10 miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía, se apuntan los efectos del recorte al cuestionario en términos del conocimiento y de la información que demanda la planeación y el diseño de decisiones de gobierno.

Entre los muchos riesgos que acarrea la ausencia de estos instrumentos básicos destaca el de que el partidismo, la ideología y el prejuicio sustituyan la información y dicten las políticas públicas.

Los demógrafos firmantes, entre quienes destacan el presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, René Zenteno, y experimentados investigadores de El Colegio de México, como Beatriz Figueroa, Brígida García y la directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de la misma institución, Silvia Giorgouli, apuntan que para que el censo dé cuenta de las características y transformaciones de la dinámica demográfica es necesario que se incluyan preguntas relativas a situación conyugal, hijos nacidos vivos, lugar de residencia en los últimos cinco años, condición de actividad, rescate de la condición de actividad y rama de actividad. Sostienen que esta información es indispensable para diseñar los programas nacionales de salud, población y desarrollo. Sin embargo, esta información es indispensable no sólo para los funcionarios –aunque no lo crean– y para los especialistas en cuestiones poblacionales. La información censual es uno de los instrumentos más confiables para los estudiosos de los fenómenos sociales, económicos y políticos en el país. Flaco favor hace al conocimiento esta decisión de las autoridades de Inegi que se han mantenido sordas a las reflexiones y propuestas de los especialistas.

Para responder a las restricciones presupuestales los demógrafos plantean que las preguntas que incluye el cuestionario propuesto por el Inegi para 2010 relativas a religión, discapacidad y derechohabiencia a servicios de salud, sean planteadas de manera resumida y simplificada. Si uno mira el detalle de estas preguntas desde la malicia del politólogo, entonces uno sospecha de la negra mano de la ideología en la selección de las preguntas: a un panista no le interesa tanto la información económica, al cabo ése es un asunto privado; la religión, en cambio, le parece crucial para entender a la sociedad.

Cuando en abril de 2006 se votó la autonomía del Inegi y su categorización como una agencia estatal, ajena a los intereses partidistas y de gobierno, muchos aplaudimos con entusiasmo, en la creencia de que se daba un paso hacia la modernización del conocimiento y la transparencia de la información. Lejos estábamos de suponer que Acción Nacional extendería su brazo hasta esta institución, para colonizarla con personas que más que especialistas son militantes confiables.