Nueva York, 9 de diciembre. La central obrera AFL-CIO de Estados Unidos denuncia que el gobierno mexicano ha violado tanto las normas laborales fundamentales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su acción unilateral contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por lo que procederá a presentar el caso ante entidades gubernamentales de este país y a escala mundial.

Junto con su contraparte canadiense: el Congreso de Trabajo de Canadá (CLC), la central estadunidense –que representa a 11 millones de agremiados– está desarrollando en foros internacionales, como la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ante las instancias establecidas por los acuerdos laborales paralelos al TLCAN, iniciativas en apoyo del SME y para la defensa de los derechos de los trabajadores en México.

Stan Gacek, director asociado de asuntos internacionales de la AFL-CIO, quien acaba de regresar de México, donde participó en una delegación de alto nivel de la central y el CLC para investigar el asunto del SME, la cual sostuvo reuniones con ese gremio, representantes del gobierno de Felipe Calderón y personal diplomático, comentó que están por presentar el informe de la delegación, el cual concluye que la acción unilateral contra el sindicato viola artículos fundamentales de la Convención Internacional del Trabajo, mismos que están enmarcados en el acuerdo paralelo laboral del TLCAN.

La Convención 87, que establece la libertad de asociación, y la Convención 98, que consagra el derecho del contrato colectivo de la OIT, fueron violadas, declaró en entrevista con La Jornada. Explicó que aunque la 98 no ha sido ratificada por México, los derechos establecidos por ambas cláusulas están en los principios generales de la OIT, de la cual el país forma parte.

Ambas convenciones fueron violadas por la acción unilateral del gobierno, cuando en medio de la noche el Ejecutivo desplegó a más de 5 mil policías federales para tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Al eliminar la base del sindicato de manera unilateral, la integridad de la libertad de asociación del SME es amenazada, detalló el experto en derecho laboral internacional.

Señaló que la decisión del gobierno de Calderón de anular la toma de nota y no reconocer la elección de Martín Esparza como secretario general del gremio de los electricistas constituye una violación más de la Convención 87, ya que la jurisprudencia de la OIT es muy clara en establecer que en caso de impugnación de una elección, la determinación debe ser ejercida por una autoridad judicial, no por una autoridad administrativa, explicó Gacek.

Estos mismos derechos –señaló– están garantizados en los 11 principios establecidos por el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) suscrito por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, en uno de los llamados acuerdos paralelos al TLCAN.

Agregó que la libertad de asociación también está garantizada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, la acción del gobierno de Calderón viola dicho acuerdo.

Gacek dijo que la delegación internacional que viajó a México también expresará en su informe la preocupación de que la represión del SME no es un incidente aislado, ya que parece existir un patrón y práctica de reprimir las expresiones sindicales más independientes y militantes, como vemos en el caso del sindicato minero metalúrgico.

Recomendaciones

El informe recomendará al gobierno de México cancelar el decreto con el que se desapareció a LFC, reinstalar a los trabajadores cesados e iniciar negociaciones con el SME sobre el futuro de la empresas. Asimismo, que respete los resultados de las elecciones sindicales de julio de 2009 hasta que una autoridad judicial emita un fallo.

Gacek declaró que las centrales obreras de Estados Unidos y Canadá ejercerán mayor presión sobre sus respectivos gobiernos para que expresen al gobierno mexicano su desaprobación por estas acciones antisindicales y que promuevan un régimen de respeto de derechos laborales más firmes entre los países del TLCAN.

Dijo que se indagará si el gobierno mexicano usó parte de la asistencia estadunidense para el combate al narcotráfico en la operación contra el SME.