Los tribunales mexicanos negaron al general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, ex comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión domiciliaria.

El juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal y el segundo tribunal unitario resolvieron que por su condición de militar era factible que si se le concedía ese beneficio de ley, apelando a su avanzada edad y delicado estado de salud, el general podía evadirse a la acción de la justicia y no terminar de cumplir su condena de 40 años de cárcel.

De acuerdo con fuentes judiciales cercanas al caso, Gutiérrez Rebollo había pedido a las autoridades judiciales que le concedieran el beneficio de ley establecido en la reforma que en 2004 se hizo al artículo 55 del Código Penal Federal.

Dicha norma permite a las personas mayores de 70 años cumplir una condena de pena privativa de la libertad en el interior de su domicilio particular, en caso de senilidad o precario estado de salud comprobados.

La legislación penal sobre el derecho a la prisión domiciliaria, utilizada desde hace varias décadas en países europeos, en México comenzó a aplicarse en 2005.

El primero en valerse de dicha reforma fue el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Ernesto Díaz Infante, quien no pudo recibir sentencia por los cargos de cohecho y contra la administración de justicia, debido a que murió el 24 de abril de 2006. Los últimos días de su vida, Díaz Infante los pasó en su casa, cerca de sus familiares, y con la posibilidad de tener una atención médica de primer nivel.

En 2008, el general Gutiérrez Rebollo fue sentenciado en definitiva a pasar cuatro décadas en prisión por haber otorgado protección al fallecido Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez.

Ha cumplido 12 años encarcelado

Desde hace 12 años se encuentra en prisión. Los primeros seis años los pasó recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, en el estado de México. Luego consiguió demostrar a la Secretaría de Seguridad Pública federal que no es un reo de alta peligrosidad, por lo que un juez autorizó su trasladado al penal de El Rincón, ubicado en Nayarit, donde terminará de cumplir su sentencia.

El militar vinculado con el cártel de Juárez tiene pendiente también el cumplimiento de otra sentencia de 31 años, 10 meses y 15 días de cárcel, por los delitos de acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Asimismo, tiene pendiente el desahogo de un proceso ante el fuero militar.